Vecinos de Guardamar piden que se salvaguarde el carácter benéfico de una donación

Un grupo de 150 vecinos de Guardamar del Segura ha pedido por carta al obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, Vitorio Oliver, que respete el carácter benéfico -asistencia de enfermos pobres- de una donación realizada en 1926 por una acaudalada mujer que murió sin herederos, después de conocer que la fundación que gestiona los bienes de la testadora, presidida por el cura párroco de Guardamar, vendió la casa y los terrenos de la fallecida.

Los vecinos se han constituido en asociación y, en la misiva registrada el pasado miércoles en el obispado, reprochan a la fundación que ésta, de "forma deliberada", decidiera no dar cumplimiento a la voluntad de la testadora: reformar la casa que donó para la asistencia de enfermos pobres de Guardamar.

Con el PP en el gobierno municipal, la fundación rechazó un proyecto para construir un asilo en la casa de la testadora. Y decidió vender la vivienda y también una parcela de más de 46.000 metros legada por la mujer con el mismo carácter benéfico. Antes de que la finca pasara a manos de una promotora para construir viviendas, el Ayuntamiento se ocupó de recalificar el suelo -el alcalde es patrono de la fundación-. Antes, durante y después de que la fundación vendiera el terreno, propietarios de ese mismo sector vendieron el suelo al doble de precio que la entidad benéfica, según han confirmado a este diario varios de ellos.

Geriátrico

Con el dinero obtenido por la venta del patrimonio inmobiliario de la testadora se construyó, en una parcela cedida por el Ayuntamiento, una residencia de ancianos -aún no operativa- con 100 camas y 110 plazas de aparcamiento, cuya explotación se cedió directamente a la empresa Instituto Geriátrico Mediterráneo (Casaverde), a cambio de una reserva de 8 camas para la fundación. La Consejería de Justicia, a través de su Protectorado de Fundaciones, ha rechazado ese acuerdo, suscrito en junio de 2002, porque supondría un perjuicio económico para la fundación valorado en dos millones y medio de euros. Para salvar el escollo, la fundación suscribió otro convenio con la empresa -aún pendiente de resolver por la Generalitat- según el cual la fundación dispondría de cuatro camas y percibiría 180.000 euros anuales.

Los vecinos piden al obispo que retire de la Consejería de Justicia el convenio pendiente de aprobación entre la fundación y Casaverde. "Apelamos a su conciencia cristiana en la toma de esta decisión, y no duden de que con ella estarán favoreciendo a una gran mayoría de ciudadanos humildes de Guardamar, tal y como pretendía Dolores Viudes -la testadora-, y no a unos accionistas que sólo entienden de intereses económicos", indican los vecinos en su carta.