Bruselas hace equilibrios
La Comisión intenta apoyar a las nuevas compañías sin distorsionar la competencia
La denuncia contra Ryanair en 2001 pilló a la Comisión Europea por sorpresa. "No había precedentes", explica el portavoz de Energía y Transportes de la Comisión Europea. "Todo era nuevo y teníamos que encontrar una solución para no cortarle las alas a las nuevas compañías y, al mismo tiempo, evitar la competencia desleal". Casi tres años después, Bruselas ultima su propuesta para instituir unas reglas válidas para un sector que vive una evidente expansión y que beneficia a consumidores y a regiones con infraestructuras poco utilizadas, al tiempo que molestan, e incluso perjudican, a las compañías tradicionales.
La normativa que ultima la Comisión Europea tiene su origen en la denuncia presentada contra Ryanair por las ventajas concedidas a la compañía irlandesa por parte de Brussels South Charleroi Airport (BSCA), el ente gestor del aeropuerto, y la Región Valona de Bélgica.
La eclosión de este sector en Europa es la prueba evidente para la Comisión de que la liberalización está teniendo éxito
Gracias a las facilidades de las que ha disfrutado y a su agresiva política comercial, Ryanair se ha convertido en la capital de Europa en una compañía de referencia con la que volar por todo el continente a precios realmente competitivos; en ocasiones, a cambio sólo del pago de las tasas del aeropuerto. En el lado negativo, la incomodidad de tener que desplazarse hasta el aeropuerto de Charleroi, más parecido a una estación de autobuses, situado a 50 kilómetros de Bruselas.
La denuncia contra Ryanair se resolvió en febrero de este año mediante una solución salomónica que, con pequeños detalles añadidos, sentaron las bases de lo que será esa nueva regulación. Por un lado, se ha considerado que las ayudas concedidas en Charleroi eran legales porque permiten desarrollar y garantizar una mejor explotación de infraestructuras aeroportuarias secundarias infrautilizadas hasta el momento. Por otro lado, se han declarado incompatibles algunas ayudas, especialmente las rebajas de las cargas aeroportuarias concedidas en Charleroi, que superan las rebajas oficiales ya previstas por la legislación belga y que se aplican de forma transparente y no discriminatoria.
El método de trabajo elegido por la Comisión Europea fue el de analizar si un operador privado hubiera concedido las mismas ventajas en las mismas condiciones de BSCA, llegando a la conclusión de que no era así, pues las pérdidas para BSCA del acuerdo con Ryanair habrían sido superiores al resultado corriente acumulado de la empresa en diez años.
Con la nueva regulación europea sobre la mesa, Bruselas espera que el ambiente siga siendo favorable a las nuevas compañías de bajo coste. La existencia y la eclosión de este sector en Europa es la prueba evidente, para la Comisión, de que la liberalización del transporte aéreo está teniendo éxito y beneficiando al consumidor. Ni la decisión sobre Ryanair ni la futura regulación impedirán ofertas comerciales en el sector y precios reducidos. A pesar de ello, la asociación europea de compañías de bajo coste considera que Bruselas no ha analizado todavía convenientemente todas las ventajas que su modelo ofrece a la economía europea.
Los otros conflictos
Paralelamente, enfrentadas a una competencia antes inexistente, las compañías tradicionales están sufriendo serios problemas cuya resolución topa, en ocasiones, con la normativa europea relativa a la competencia. En diciembre del pasado año, el Tribunal de Justicia europeo confirmaba la exigencia de Bruselas de que la compañía griega Olympic devolviera al Estado los 194 millones de euros recibidos en ayudas y la multa a British Airways de 6,8 millones por abuso de posición dominante en la distribución de sus billetes y en las condiciones que imponía a las agencias de viajes.
Recientemente, ocho compañías tradicionales, incluida Iberia, han denunciado a una de las suyas, Alitalia, por considerar que el plan de viabilidad que planea el Gobierno italiano supone una dotación pública extraordinaria de 800 millones, lo que es ilegal según las normas europeas de la competencia.
La liberalización del sector vive una convulsión sin precedentes que multiplicará las denuncias, pero también las fusiones que todos preveían. La de KLM-Air France es, de momento, todo un éxito.
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