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Osakidetza pagó la exclusividad a 63 médicos que trabajaban también para aseguradoras

Los hospitales de la red pública compraron irregularmente medicinas por 32,8 millones

El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre el ejercicio de 2002 en Osakidetza revela que los hospitales de la red pública gastaron de nuevo de forma irregular al comprar medicamentos sin concurso público, en este caso por 32,8 millones de euros. La forma más corriente de incumplir la ley es mediante el fraccionamiento de las compras: Osakidetza divide en pequeñas partidas un producto homogéneo, con lo que los presupuestos resultantes quedan por debajo del límite a partir del cual es obligatorio celebrar un concurso abierto, que exige publicidad.

El Tribunal de Cuentas viene denunciando esta anomalía desde la fiscalización que realizó en el año 1997. En su auditoría de 2002, indica que Osakidetza tramitó como "contratos menores" adquisiciones de suministros en "las que se fracciona el objeto de la contratación, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia". A los 32,8 millones gastados en adquirir medicinas sin concurso hay que sumar otros 14,1 millones desembolsados para comprar otro tipo de productos siguiendo igual procedimiento.

Esta forma de actuar elude los procedimientos de contratación legalmente establecidos en la Ley de Contratos, norma que regula todo lo relacionado con los suministros a las administraciones de todo el Estado. La práctica de fraccionar las partidas es habitual en los grandes hospitales, que así pueden comprar con mayor celeridad los medicamentos y productos de farmacia que precisan.

En sus alegaciones, el Departamento de Sanidad argumenta que desde 1997 -el primer año que el Tribunal constató la inexistencia de concursos para adquirir productos farmacéuticos-, Osakidetza ha aumentado paulatinamente el número de expedientes de contratación. En concreto, el Servicio Vasco de Salud adquirió en 1998 medicamentos mediante concurso por importe de 1,2 millones de euros, ascendiendo en el año 2002 a 52,56 millones. "Anualmente va aumentando la cifra de medicamentos adquiridos a través de expedientes ", asegura el departamento.

En su informe de fiscalización de ese ejercicio, el organismo auditor también denuncia que un total de 63 médicos de Osakidetza cobraron el plus de exclusividad prestando al mismo tiempo sus servicios para alguna entidad de seguro privado. Osakidetza concede el plus, que puede superar los 600 euros mensuales, a los facultativos que se comprometen a trabajar únicamente para la red pública. Al igual que la compra de medicamentos sin concurso, el órgano fiscalizador ya advirtió en su informe de 2001 de que había médicos que cobraban la exclusividad pese a trabajar para el sector privado. Esos 63 facultativos recibieron indebidamente por este plus en total medio millón de euros.

Aunque se trata de una infracción, el Servicio Vasco de Salud no ha abierto ningún expediente disciplinario. Dado que la negligencia descubierta en 2001 se ha repetido en 2002, el Tribunal recomienda a Osakidetza ampliar los controles que actualmente realiza su dirección de Personal para garantizar que se cumplan los requisitos establecidos para el cobro del complemento. "Sería conveniente", resalta el informe, "que el Servicio Vasco de Salud aplicara más rigurosamente la legislación vigente para evitar los incumplimientos, que en la actualidad no suponen ningún perjuicio para los infractores".

En su defensa, Osakidetza alega que gran parte de esos 63 facultativos coinciden con los ya descubiertos por el Tribunal en la auditoría de 2001. Tras la investigación abierta, el propio Servicio de Salud asegura que 27 de los 63 facultativos acreditan mediante un certificado de los responsables de las entidades privadas para las que supuestamente trabajaron que no prestaron servicios en las mismas o, en el caso de haberlo hecho, la actividad cesó en 2000. Las averiguaciones se complementaron con la información aportada por las haciendas de Álava y de Guipúzcoa.

La ausencia de una relación de puestos de trabajo, que sirve para clasificar y organizar a todo el personal al definir con precisión las características de cada plaza, es otra de las anomalías sobre las que llama la atención la auditoría. El Tribunal considera que la falta de esta relación provoca "incertidumbres" sobre la legalidad de determinados asctos de gestión de personal.

Por lo demás, Osakidetza ha cumplido "razonablemente" la ley que regula la actividad económico-financiera.

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