Gobierno y PP pactan el contenido de la consulta al Tribunal Constitucional

El Consejo de Ministros acordó ayer consultar al Tribunal Constitucional si hay contradicciones entre la Constitución española y la Carta europea que obliguen a reformar la primera. El contenido de esta consulta, que será vinculante, fue pactado ayer mismo por la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, así como la aceleración de los trámites para que cuando se celebre el referéndum de la Constitución europea, el 20 de febrero, esté ya suficientemente aclarada la situación jurídica. Además, Gobierno y PP han reafirmado la fecha y la pregunta del referéndum.

La vicepresidenta primera del Gobierno afirmó, tras la celebración del Consejo de Ministros, que a juicio del Ejecutivo "no hay discrepancias importantes, y probablemente de ningún tipo", entre ambas normas. Precisó, incluso, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en el debate de investidura, en abril pasado, a adaptar la Constitución española a la europea con una reforma menor: que la Carta europea apareciera citada en la Ley Fundamental española.

Los encargados de allanar el camino para el consenso alcanzado ayer fueron el secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Camaño; el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, y la responsable autonómica del PP, Soraya Rodríguez, que negociaron a lo largo de la semana el contenido de la consulta al Constitucional. López Garrido y Camaño mantuvieron informados a Izquierda Unida de la marcha de las conversaciones. Ayer por la mañana cerraron el acuerdo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del PP, Mariano Rajoy.

La consulta, según lo convenido entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición, se ceñirá a cuatro puntos: si prima o no la Constitución europea sobre la española; si hay contradicciones o no entre la Carta de derechos que recoge la Constitución europea con el sistema español de libertades públicas que se incluye en la Constitución española; si es suficiente el artículo 93 de la Constitución española para adaptar esta Ley Fundamental a la Constitución europea por la vía de la ley orgánica. El último punto acordado es el del cauce de la reforma que debe seguirse, esto es, si basta con una mera modificación o si se requiere un cambio de alcance que conlleve un referéndum sobre la Constitución española reformada y la consiguiente disolución de las Cortes.

El Ejecutivo y el PP también acordaron acelerar el proceso de consulta al Constitucional, de tal modo que éste haya dictaminado para primeros de enero, antes de que el Gobierno convoque la campaña del referéndum, anunciado para el 20 de febrero. A partir de hoy, en el plazo de un mes tienen que ser escuchados el Ejecutivo, el Congreso y el Senado. Una vez hecha esta consulta, el alto tribunal tiene otro mes más para dictaminar. La decisión que tome será vinculante.

Tanto Rajoy como Fernández de la Vega ven bien que este proceso se acelere y es muy probable que Gobierno y PP renuncien a que el Congreso y el Senado se pronuncien, siguiendo así el modelo del único precedente de reforma constitucional, la realizada para adaptar la norma fundamental española al Tratado de Maastricht, en 1992.

Rajoy enfatizó ayer que "se alegra" de que el referéndum vaya a "celebrarse cuando los españoles tengan todos los elementos de juicio sobre su impacto en la Constitución española", es decir, si hay que modificarla y en qué grado, informa Pilar Marcos.

Ante la decisión que adopte el Tribunal Constitucional se plantean cuatro escenarios. El primero es que dictamine que no hay que modificar la Constitución española. El segundo es que no considere obligatoria, pero sí conveniente, la modificación de la Constitución española, y el tercero es que decida la reforma constitucional pero con alcance pequeño. En el segundo y tercer supuestos, la ley se cumpliría con la aplicación del artículo 93 de la Constitución. Dicha ley señala: "Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes españolas o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión". Para la ejecución de la reforma, el plazo se extendería hasta noviembre de 2006, fecha en la que, teóricamente, todos los países habrán refrendado la Carta europea.

Existe un cuarto supuesto que el Gobierno califica de "muy improbable" y es que el Constitucional dictamine que la adaptación de la Ley Fundamental española a la Carta europea requiera una "reforma agravada" por afectar al preámbulo o a algún artículo sustancial de la Constitución española. En este caso, el Gobierno tendría que disolver las Cortes. Fuentes gubernamentales señalan que dicha disolución podría aplazarse hasta 2008 sin afectar a las previsiones de la legislatura del Ejecutivo.