El Gobierno anuncia creará un modelo común de gestión de listas de espera

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha anulado, por no conforme a derecho, las resoluciones del Ministerio de Sanidad que, durante el Gobierno del PP, acarrearon en 2001 la inmovilización cautelar del aceite de orujo en toda España por su contenido en benzopireno (una sustancia potencialmente cancerígena). La sentencia establece que la ley sólo autorizaba la adopción de dichas medidas preventivas ante un "riesgo inminente y extraordinario para la salud", cuando desde 1991 se disponía de informes que indicaban que los riesgos del benzopireno eran insignificantes para la salud humana.

Salgado intervino ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas a petición del PP y ante la mayoría de los consejeros autonómicos de Sanidad, Allí avanzó las líneas generales de un plan contra la demora en la atención sanitaria. En España, más de 400.000 pacientes esperaron en 2003 una media de 77 días para someterse a una operación, según datos difundidos por Sanidad el pasado mes de septiembre.

El plan contra las listas de espera consta de cuatro medidas. En primer lugar, la recogida de datos sobre las demoras en consultas externas y pruebas diagnósticas, y la unificación de los criterios según los cuales se recolectan y se clasifican esos datos. La segunda medida pasa por la difusión de esa información, para facilitar "el seguimiento de los datos por parte de todos los interesados".

La elaboración de una "guía de buenas prácticas en la gestión de listas de espera" y la unificación de los tiempos de espera, según cada prestación, constituyen el cuarto de los mecanismos de esta iniciativa. Por último, Sanidad creará un grupo de expertos asesores para la gestión de la listas. El grupo será presentado el mes que viene en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.

La portavoz del PP, en la comisión, Carmen de Aragón, recordó que, "para cada paciente, su patología es grave y urgente". El consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, afirmó ya por la tarde, en la Asamblea en Madrid, que su Gobierno "no va a seguir" ninguna de las medidas planteadas por Salgado, según informa Europa Press.

Lamela fue el más crítico de los consejeros del PP, y acusó al Ejecutivo de incumplir el programa electoral del PSOE: "Dicho programa preveía la puesta en marcha de un denominado 'Protocolo Común', dotado de mecanismos de financiación suficientes, para conseguir unos tiempos de espera que se situarían en 7 días para pruebas diagnósticas básicas, 10 días para la primera consulta con un especialista y 45 para intervenciones quirúrgicas programadas (...). A fecha de hoy no hemos tenido noticias de qué forma va a tener dicho protocolo ni de dónde va a salir la financiación necesaria", indicó.

En la réplica, la ministra afirmó que en Madrid los pacientes se encuentran con listas de espera cerradas, a las que sólo pueden acceder apuntándose a otra lista de espera oculta. Lamela pidió contestar a Salgado, pero la presidencia de la mesa no le dio la palabra. El PP presentó una protesta formal.

Financiación sanitaria

Respecto al modelo de financiación sanitaria, la ministra abogó por determinar las causas del déficit autonómico (que un reciente estudio de CC OO cifra en 4.500 millones de euros) y reconoció que "los recursos actualmente disponibles resultan insuficientes". Salgado aludió a la posibilidad de "revisar los mecanismos" del actual modelo (una vez analizados los gastos) pero subrayó que el Gobierno no propondrá un nuevo modelo. Esas modificaciones serían aprobadas, según Salgado, en una próxima reunión del presidente Zapatero con los presidentes autonómicos "al final de la primavera del año que viene".

Tanto el senador del PP, Antonio Román, como los consejeros populares, acusaron a la ministra de haber evitado el debate sobre financiación. Los populares reclamaron, asimismo, más recursos para el fondo de cohesión entre comunidades previsto en el modelo.