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El fiscal dice que pedirá documentos para aclarar la financiación de cursos de formación de la CEV

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Falomir, mantiene vivas las diligencias de investigación penal sobre el uso que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) hizo de los fondos para formación que recibió en 2002 de la Fundación Tripartita para la Formación Continua, antigua Forcem. Tras conocer de primera mano la documentación que dio pie a la información publicada en la prensa local sobre posibles irregularidades susceptibles de infracción penal, Falomir ha decidido solicitar documentación para aclarar la financiación. Aunque ayer rechazó precisar más, es de suponer que dicha documentación se reclamará tanto a la CEV como a la Fundación, cuyos inspectores detectaron irregularidades administrativas que se encuentran aún en fase de alegación. Esas irregularidades mantendrían sin justificar más de 642.000 euros de la cantidad total que recibió en el ejercicio 2002, cuando la CEV estaba presidida por Pedro Coca, y que ascendió a 1.162.000 euros.

Los inspectores de la Fundación Tripartita para la Formación Continua trasladaron a la CEV que buena parte de los cursos inventariados y un número también importante de los alumnos beneficiarios de los mismos no estaban debidamente documentados. Fue entonces cuando se abrió un proceso de alegaciones en el que la CEV trata de dar respuesta documental a esas, inicialmente, irregularidades administrativas.

Sin embargo, el fiscal entiende que los hechos tienen la suficiente relevancia como para que de oficio se hayan abierto diligencias de investigación penal, que por otra parte es la única forma que ampara la aproximación del fiscal a los hechos para después determinar si considera que efectivamente ha habido una posible infracción penal o no.

El fiscal jefe decidió ayer seguir adelante y reclamar la documentación correspondiente al movimiento económico que acompaña a los cursos impartidos por la CEV así como su proceso de justificación en tanto a los alumnos que se han beneficiado. Las acciones penales podrían iniciarse aunque la fase de alegaciones por vía administrativa aún no haya concluido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de noviembre de 2004