El debate de la nueva ley de educación

Desde el pasado mes de julio, una vez que el Gobierno anunció la paralización de la aplicación de determinados aspectos de la Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE), hemos podido asistir a dos formas bien diferenciadas de concebir el papel que en la democracia tienen que desempeñar los partidos políticos, estén en el Gobierno o en la oposición.

Así, mientras Joan Ignasi Pla anunciaba que desde el PSPV se iban a poner todos los medios necesarios para organizar el debate educativo, Esteban González Pons, el quinto consejero de Educación del PP, nos obsequiaba con declaraciones apocalípticas en las que afirmaba que no se sabía los libros de texto que se iban a utilizar este curso, que los alumnos, por culpa de la paralización de la LOCE, sabrían menos lengua y matemáticas y otra serie de declaraciones que generaron confusión entre los distintos sectores de la comunidad educativa. Este conjunto de declaraciones irresponsables tuvieron como colofón diversos anuncios y cuñas publicitarias, que pagamos todos los valencianos en los diferentes medios de comunicación, para decir que este curso todo seguiría igual que el curso anterior, o, dicho de otra forma, para desmentir todas las barbaridades que él mismo había manifestado los días anteriores.

Es necesario que seamos capaces de encontrar el máximo consenso posible

Cuando se aprobó la LOCE, el PP afirmó que no hacía falta financiación adicional

Por si esto fuera poco, presentó un recurso, junto con el resto de los consejeros de Educación del PP, en el que se cuestionaba la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno. Sabían que la decisión era absolutamente legal, como muchos reconocieron en privado y ratificaron los tribunales de justicia, pero debe ser que ésta es su forma de entender las tareas de Gobierno, su forma de defender los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de esta Comunidad.

En el mes de septiembre, desde el PSPV, anunciamos la organización de diferentes encuentros y jornadas, abiertas a la participación de todas las personas interesadas, que se iniciaron el pasado 15 de octubre en Valencia y que concluirán el próximo 18 de diciembre. También hemos creado una página web, www.educacioseglexxi.org, con el fin de facilitar que todos los sectores de la comunidad educativa puedan hacer llegar sus aportaciones. Además, emplazamos a Alejandro Font de Mora, el sexto consejero de Educación del PP en nueve años, a un debate en Canal 9 para que todas la ciudadanas y todos los ciudadanos de esta Comunidad tuvieran oportunidad de conocer las propuestas que realizan el PP y el PSPV para conseguir una verdadera educación de calidad para todas y para todos.

Pues bien, la respuesta del PP fue convocar por la vía de urgencia un debate en las Cortes Valencianas el pasado 13 de octubre y posteriormente anunciar cinco mesas redondas y una página web. La intervención del señor Font de Mora en las Cortes Valencianas se limitó a una descalificación global de las propuestas presentadas, "contrareforma de carácter regresivo" salpicada de comentarios como "la deuda histórica en Educación" que estimó en más de 2.350 millones de euros. Hay quien piensa que es curioso que hasta marzo de 2004 la Administración central no le debía nada a la Comunidad Valenciana y en los últimos seis meses ya nos deben más de 390.000 millones de las antiguas pesetas. También hay quien puede pensar que eso lo hacen porque ha cambiado el Gobierno central, pero no hay que ser tan mal pensados, es simplemente porque antes se les había olvidado reclamarla. ¿No es eso señor Font de Mora?

Otro dato curioso expuesto por el señor Font de Mora en las Cortes Valencianas es que, según la estimación realizada por la Consejería de Educación, el coste para nuestra Comunidad de las medidas propuestas en el documento para el debate presentado por el Gobierno es de 268,6 millones de euros. Habría que recordarle que cuando se aprobó la LOCE, el PP en la Comunidad Valenciana afirmó que no hacía falta ninguna financiación adicional, o, dicho de otra forma, que la mejora de la calidad de la educación que se planteaba en la LOCE salía gratis. Hay que recordarle, también, que en el documento presentado para el debate se afirma que "el Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a elaborar una memoria económica que contemple la corresponsabilidad de las distintas Administraciones y que acompañe al proyecto de ley que se presente en el Parlamento". Es decir, se compromete a lo que la ex ministra popular Pilar del Castillo se negó a hacer, negativa que fue apoyada por el PP valenciano.

Pero además del simulacro de debate organizado en las Cortes Valencianas, hemos podido comprobar lo que entienden por debate social. Convocan cinco mesas redondas -tres a las 10.00 de la mañana y dos a las 16.00- que como todo el mundo sabe son las horas más adecuadas para facilitar la asistencia de toda la población interesada. Elaboran una página web invitando al debate en la que figura un cuestionario "para favorecer el diálogo y la valoración de las propuestas del ministerio" de 12 preguntas en el que la primera es: ¿Cree que el Estado debe financiar el coste que suponga la aplicación de las reforma educativas que promueve? Pregunta de Perogrullo, salvo que en la reforma del Estatuto de Autonomía el Presidente Camps proponga que la Comunidad Valenciana deje de formar parte del Estado. Lo que todos los ciudadanos quieren es que las reformas educativas vayan acompañadas de la financiación necesaria y lo que tendrán que debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es la parte que debe asumir la Administración central y la Autonómica. El citado cuestionario termina con una frase digna de otros tiempos: "Es obligatorio responder las preguntas desde la 1 hasta la 12". Sin comentarios.

Pues bien, por si todo esto fuera poco, el señor Máximo Caturla, como Secretario Autonómico de Educación, se está especializando en hacer declaraciones que son un insulto a la inteligencia de todas las ciudadanas y ciudadanos de esta Comunidad. Cuando denunciamos los problemas existentes en el inicio de curso dice que sólo deseamos "el caos y el desorden", cuando organizamos un debate serio por las diferentes comarcas y a las 19.00, abierto a todos los que deseen asistir y una página web sin cuestionarios tendenciosos, es porque queremos "degradar y boicotear el debate educativo para favorecer la creación de un clima de hostilidad".

La inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de esta Comunidad están diciendo, y con toda la razón, que es absolutamente necesario que todas las fuerzas políticas, y especialmente las que tienen posibilidades de formar Gobierno tanto en España como en la Comunidad Valenciana, el PSPV-PSOE y el PP, seamos capaces de encontrar el máximo consenso posible y, de esa forma, dar una estabilidad a los aspectos básicos del sistema educativo que no pueden estar al albur de los resultados electorales. Tal y como manifestó recientemente en un artículo Joan Ignasi Pla, desde el PSPV estamos trabajando y lo seguiremos haciendo en esa dirección. Espero y deseo que el PP recapacite y haga caso a esta demanda, a esta exigencia de la inmensa mayoría de la población.

El autor critica el "simulacro"de debate

organizado por el Consell y aboga por un

consenso básico sobre el sistema educativo

Miguel Soler es secretario de Educación del PSPV-PSOE.