La fiscalía pide cerrar la casa de 'Gran Hermano' por infracción urbanística

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha enviado un informe al Juzgado de Instrucción número 2 de Colmenar Viejo (Madrid) en el que reclama que se clausure la actividad de las instalaciones que cobijan el programa Gran Hermano, producido por Zeppelin Televisión para Tele 5.

El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, solicita esta "medida cautelar" en el marco de las diligencias previas 1895/2003 que desarrolla el citado juzgado. Estas diligencias nacieron con una denuncia que interpuso hace un año una vecina de la urbanización Miralpantano, colindante a la casa de Gran Hermano, la cual está bajo tratamiento psiquiátrico por problemas de ansiedad derivados, según ella, de la parafernalia que rodea a las sucesivas ediciones del programa.

El fiscal sostiene que dos anteriores alcaldes del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, en cuyo término se enclava la casa de Gran Hermano, pudieran haber cometido un delito de prevaricación por permitir levantar la casa de Gran Hermano en un paraje destinado a construir 90 viviendas de protección pública.

Señala el fiscal que la licencia municipal que dio luz verde a la casa puede ser ilegal por cuanto ampara una infracción urbanística y otra medioambiental.

Supuesta prevaricación

Aparte del cierre de la casa de Gran Hermano, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid solicita al juzgado que llame a declarar "en calidad de imputados de un supuesto delito de prevaricación" a los ex alcaldes de Guadalix de la Sierra Inmaculada Jiménez Hernán, independiente, y al sucesor de ésta en el cargo, el socialista Vicente Javier Esteban.

Como alcalde, Jiménez Hernán fue quien firmó un convenio con Zeppelin Televisión para levantar la casa de Gran Hermano en un paraje de pastos que ocupa una extensión total de casi 12.000 metros cuadrados. Ese convenio se amplió luego con Javier Esteban y obliga a Zeppelín, según explicó ayer el ex alcalde, a pagar al Ayuntamiento unos 72.000 euros anuales.

El fiscal reclama asimismo que presten declaración en calidad de imputados el técnico y el concejal de Urbanismo que dieron luz verde a la concesión de la licencia municipal para desarrollar Gran Hermano en esa zona.