El Gobierno consultará al Constitucional sobre la Carta Europea después del referéndum

El Gobierno no pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la posibilidad de reformar la Constitución española para adaptarla a la Constitución europea hasta que se celebre el 20 de febrero el referéndum sobre la norma que ayer firmaron los jefes de los Ejecutivos de los 25 países miembros de la UE. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros, como respuesta al dictamen del Consejo de Estado, que ve "certezas" de que la Constitución europea invade la "supremacía" de la norma fundamental de 1978.

El dictamen del Consejo de Estado, remitido la pasada semana al Ministerio de Exteriores, aconseja al Gobierno que pida al Tribunal Constitucional un informe sobre la posible invasión de competencias del texto europeo. El Consejo de Estado tiene "certezas" de que esa invasión se produce y que, en aplicación del artículo 95,1 de la Constitución española, ésta debe ser reformada antes de que la Constitución europea se convierta en la legislación preferente, cambio previsto para 2006.

Si el Tribunal Constitucional respaldara las tesis del Consejo de Estado, habría que activar el mecanismo de reforma constitucional un año antes de lo previsto por el Gobierno. Éste previó la reforma, junto con otros tres supuestos -el de las funciones del Senado para convertirlo en Cámara territorial, la sucesión de la Corona y la introducción de la denominación de las 17 autonomías en la Constitución- para el final de la legislatura, esto es, para 2007.

De ahí que la vicepresidenta primera señalara ayer que lo "políticamente relevante" es el referéndum del 20 de febrero y que "a partir de ahí" el Gobierno abordará la "sugerencia" del Consejo de Estado de consultar al Tribunal Constitucional y decidirá si "se pregunta o no se pregunta" al alto tribunal.

Ayer, en Roma, poco antes de rubricar la Constitución europea,el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró favorable a abordar la reforma de Ley Fundamental española y dijo que para ello tendrá en cuenta el informe del Consejo de Estado, si bien manifestó que el Ejecutivo decidirá si consulta al Constitucional "en su momento". "No va a haber ninguna interferencia en el referéndum, más allá de que tengamos que hacer una reforma de la Constitución, ante la que yo me manifiesto favorable", aseveró.

Zapatero recordó, en este sentido, que el programa electoral del PSOE se refirió a la necesidad de una serie de reformas de la Constitución, entre las que figuraba la adecuación al texto constitucional europeo. Pero el presidente no se comprometió con plazos. Se limitó a señalar que "en su momento" el Gobierno decidirá la consulta al Constitucional, tras asumir que el informe del Consejo de Estado será un "elemento muy importante" en la decisión que adopte el Ejecutivo.

El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se mostró favorable a que el Gobierno pida cuanto antes un informe al Constitucional y aplace el referéndum, previsto para el 20 de febrero. "Es ineludible que el Gobierno pida el informe al Constitucional antes de que el propio Tribunal Constitucional, una vez ratificada la Constitución europea, y por lo que sea, diga que esa ratificación es inconstitucional", dijo Llamazares. El líder de IU abundó en su crítica al Gobierno al señalar que éste ha planteado el referéndum "por cuestiones partidistas" y "al servicio de la imagen de Zapatero en el ámbito europeo".

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por EL PAÍS también se han manifestado a propósito de la "contradicción irreductible" que existiría entre la Constitución para Europa aprobada en Roma y la Ley Fundamental española de 1978. Los catedráticos discrepan entre sí al abordar el conflicto.

- Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se muestra favorable al dictamen del Consejo de Estado dado que "la primacía de la futura Constitución europea y del derecho adoptado por las instituciones de la Unión (artículo I.VI del Proyecto de Tratado) no viene de ahora sino que es fruto ya de una construcción jurisprudencial que no puede ser obviada. Su contradicción con el artículo 9.1 de la Constitución española que proclama su supremacía respecto de todo el ordenamiento jurídico exige que sea la propia norma española quien resuelva este problema fundamental en el sistema jurídico".

- Pedro González-Trevijano, catedrático y rector de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, anima a ser "cuidadosos en el examen de la constitucionalidad de ciertos preceptos respecto de nuestra Constitución de 1978, sin dejar de alentar el proceso". Este experto asegura que "el camino a seguir está marcado, en caso de duda, en el artículo 95.2 de la Constitución", que permite requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

- Antonio Torres del Moral, catedrático de la materia en la UNED, niega la existencia de conflicto alguno entre normas fundamentales, dado que el artículo I-VI de la europea alude sólo al "ejercicio de competencias que se atribuyan" a la Unión, por lo que no cabe aplicar el principio de jerarquía de normas, sino el de competencia: "en lo que tenga que intervenir la Unión lo hará, y en las competencias no delegadas no actuará".

En este sentido, asegura Torres del Moral que la Carta Europea se integra "perfectamente" en nuestro ordenamiento jurídico mediante el artículo 93 de la Constitución del 78 -que faculta a las Cortes a ceder competencias derivadas de la Constitución a organizaciones internacionales- "del mismo modo que sirvió para que España se adhiriera al entonces Mercado Común".

- Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, estima "conveniente", aunque no "imprescindible" que el Constitucional se pronuncie sobre el posible conflicto de normas entre la Carta Europea y la Constitución. En el mismo sentido, Solozábal considera que un estudio de la cuestión por el TC sería la "situación ideal". En todo caso, este profesor cree que la prevalencia del Derecho Comunitario sobre el nacional de cada Estado miembro de la UE no implica una cesión de soberanía: "Cuando admitimos que prima el Derecho de la Unión no estamos afirmando su superioridad". En su opinión, los desajustes entre legislaciones acabaría "reconociendo nuestra condición de Estado miembro de la UE en la Constitución".