Instituto Villalonga y pacto industrial

El Institut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga ha organizado una interesante jornada en Valencia sobre el mueble, su diseño y la innovación, en la que ha intervenido el Secretario General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Joan Trullén i Thomàs, explicando la política industrial que desde el Ministerio se pretende llevar a cabo en este sector y en otros análogos.

Se trata de una política basada en la importancia que el sector industrial tiene en el conjunto de las actividades productivas, que lo consolida como actividad central y por tanto no periférica de la economía española, y que requiere en las actuales circunstancias, más que nunca, incrementar su productividad con una mayor competitividad, a través de la investigación y el desarrollo, y en definitiva de la innovación. No una innovación casual, sino permanente; no basada en la oportunidad, sino en la constancia. Podría hablarse al respecto, en términos industriales, de su funcionamiento como el de una máquina para la innovación.

Cierto que para que la innovación funcione permanentemente se requiere de una dimensión de la cual nuestras pequeñas y medianas empresas -como también las grandes- carecen, pero también que los distritos industriales localizados en diferentes comarcas de la economía valenciana aportan el equivalente, en la mayoría de los sectores, a las economías de escala que una integración vertical ofrece para la obtención de rendimientos crecientes, sin reducción de salarios y con incremento de productividad.

Y para superar estas dificultades estructurales, a las que cabría añadir en el caso valenciano, la característica producción de bienes de consumo intensivos en mano de obra, la política industrial debe procurar la mejora sustancial de las empresas existentes incentivando la productividad de los sectores tradicionales, vía calidad no sólo precio, mediante la cooperación empresarial, la fidelización de los clientes, la especialización de los productos, el apoyo financiero a la gestión y la desgravación fiscal a la innovación.

Al tiempo debe contribuir a la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica, financiando las que se lleven a cabo con contrastados proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico, mediante el pacto industrial a llevar a cabo entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas que refuerce la existencia de los mencionados distritos industriales, con el apoyo a los actuales centros tecnológicos y el refuerzo de la política instrumental sin discriminar a los diferentes territorios.

Así, incrementando el gasto público en I+D+i, mediante la participación de las empresas en atención a la entidad de los proyectos presentados a los concursos científicos o tecnológicos del CDTI, donde tras 25 años de funcionamiento no se observa que en los últimos tiempos participaran en suficiente medida las empresas valencianas, probablemente alejadas en demasía de los centros de decisión. Para evitarlo, el fomento a la innovación debe pasar también por incrementar la dotación presupuestaria autonómica, todavía para nuestras empresas por debajo de la media española, y financiar los riesgos que implica la inversión tecnológica reforzando la red que suponen en nuestro caso los institutos tecnológicos que incrementan la oferta de servicios y aportan los medios técnicos necesarios para mejorar la capacidad de innovación.

El pacto entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la nueva Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia, resulta del todo punto imprescindible para diseñar una política industrial no centralizada sino vinculada a la realidad de nuestra economía regional. Hoy con las posibilidades que supone el desarrollo del Estado de las autonomías tenemos el instrumento al que en la citada jornada Josep Vicent Boira hacía referencia al aludir a los Planes Regionales de Desarrollo a Largo Plazo que se diseñaron antaño ante la falta del marco institucional. En esta ocasión la necesidad de soluciones para la actual política industrial señala el camino a seguir, contando con la predisposición que ofrece el citado Ministerio y la oportunidad de la reciente consejería.

Alejandro Mañes es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho.