El Gobierno anuncia que aplicará a Vera "el principio de legalidad" de todos los indultos

No hubo improvisación en las declaraciones que anoche hizo en el Congreso el presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el indulto que destacados socialistas piden para Rafael Vera, encabezados por el ex presidente Felipe González, y tras una única declaración de principios sobre el asunto, dio el asunto por zanjado. En síntesis, Zapatero trató de dejar claro que no se abordará este indulto con criterios de excepcionalidad. "En efecto, hay una petición de indulto, con una tramitación normal, que requiere la elaboración de un expediente, con varios informes, y se resolverá de acuerdo al principio de legalidad". Zapatero se refería a que antes de que llegue el indulto al Consejo de Ministros tiene que haber varios informes. "Se aplicarán los principios de legalidad con los que actúa en estos casos, así como la política del derecho de gracia que sigue habitualmente el Gobierno". Y remachó: "El Gobierno se pronunciará como lo hace habitualmente con todos los indultos, que son muchos en nuestro país".

Esta normalidad con la que Zapatero abordó el indulto no es tanta en las filas del PSOE, donde la incomodidad es evidente entre quienes van a dar el paso de apoyar el indulto y los que comprenden "humanamente" el sufrimiento de los condenados pero no ven factible de momento la concesión de ese indulto. El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, tras la comparecencia de Zapatero dijo otra vez que "los ciudadanos no entenderían ese indulto".

Pero este caso está teniendo ya algunas consecuencias. El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, asegura, en una carta dirigida al ministro del Interior, José Antonio Alonso, haber recibido "amenazas de muerte" tras sus declaraciones sobre Vera y los crímenes de los GAL. El lunes, Rodríguez Ibarra dijo sentirse como "un sacerdote al que un individuo le ha confesado que es autor de un asesinato y ve que están condenando a otro a la cárcel por ese tema", informa Jeremías Clemente.

En la carta, Rodríguez Ibarra dice al ministro que "quienes, sin haber escuchado mis declaraciones, están acusándome de un delito, están poniéndome una diana en el pecho, acusándome gratuitamente de estar implicado en sucesos de guerra sucia contra la banda terrorista ETA". El jefe del Ejecutivo extremeño subraya después que la carta [cursada al ministro] tiene dos finalidades: "Primera, responsabilizar a las personas que me acusan de cualquier acción que pudiera derivarse hacia mi integridad física; y segunda, comunicar que, después de mucho tiempo han vuelto a recibir en mi despacho llamadas telefónicas con amenazas de muerte".

A raíz de la carta, Interior se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en Extremadura para interesarse por la seguridad de Rodríguez Ibarra.

La carta ha sido enviada después de que el PP solicitara al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena, que abriera diligencias por esas declaraciones del dirigente socialista.

La portavoz del Gobierno extremeño, Lola Pallero, aclaró ayer que la Junta "en ningún momento" ha anunciado su intención de apoyar formalmente la solicitud de indulto porque, dijo, "no tenemos dicha capacidad como institución". "Eso sí", advirtió, "cada miembro del Gobierno extremeño, como socialistas que son, individualmente apoya a Rafael Vera".

El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz manifestó en Valencia que conoció y trató "mucho" a Vera en los "tiempos duros" y que tiene la imagen del ex secretario de Estado de Seguridad "de un hombre muy íntegro, que hace lo que dice", informa Ferran Bono. Tras advertir que realizaba todas las declaraciones a título estrictamente personal. Arzalluz añadió que le "cuesta mucho no creer" en la palabra de Vera cuando asegura que no se apropió de fondos reservados.