Una auditoría revela la crisis de las Cámaras de la Propiedad

Una auditoría encargada por el Gobierno vasco sobre la situación de las Cámaras de la Propiedad Urbana del País Vasco entre 1999 y 2002 detectó que la situación de las de Guipúzcoa, sobre todo, y Vizcaya es crítica. Las pérdidas acumuladas esos años en la guipuzcoana ascienden a 910.346 euros. La de Vizcaya entró en pérdidas en 2001 al perder el 42%, 1,1 millones, del valor de su patrimonio en acciones. Sin embargo, el Gobierno no ha actuado, a pesar de que la auditoría señala que la "desproporcionada" estructura de gastos de personal está devorando el patrimonio.

El Gobierno vasco conoce de primera mano cúal es situación económico-financiera de las tres Cámaras de la Propiedad Urbana vascas, ya que a finales de 2003 el informe de las cuentas auditadas de 1999 a 2002 fue remitido a la Viceconsejería de Función Pública, dependiente del Departamento de Hacienda que dirige Idoia Zenarruzabeitia. No obstante, este conocimiento no se ha traducido en ningún movimiento de intervención. Y ello a pasar de mediar una sentencia de 2002 en la que Tribunal Superior de Justicia del País Vasco , además de obligar a hacer funcionarios a ocho trabajadores de las cámaras por aplicación de la legislación básica del Estado -un real decreto de 1994 que obliga a las comunidades autónomas a asumir los bienes de las cámaras, y a convertir a sus trabajadores en funcionarios-, recuerda que también obliga al Ejecutivo a poner fin a las Cámaras como Corporaciones de derecho público.

Según algunos juristas, parte del patrimonio acumulado por las cámaras -al menos hasta 1994, cuando el pago de las cuotas a las cámaras era obligatorio- es de titularidad pública, en base a esa legislación. Según esa tesis, la mala gestión apreciada por los auditores en la Cámara de Guipúzcoa y las decisiones financieras equivocadas en la de Vizcaya se están comiendo parte de un patrimonio que debería ser público.

La auditoría encargada por el Gobierno vasco no sentó nada bien ni en la Cámara de Vizcaya ni en la de Guipúzcoa. Sus dirigentes no facilitaron precisamente la fiscalización, según la empresa auditora lo describe así: "Encontramos fuertes reticencias iniciales en las cámaras de la propiedad de Guipúzcoa y de Vizcaya para facilitar la información solicitada. A pesar de la intervención del Departamento de Vivienda, no ha sido suficiente para poder completar de manera satisfactoria y en su totalidad nuestro programa de actuación", dice.

Los auditores explican que en la Cámara de Guipúzcoa "el resultado de explotación es siempre negativo y en cuantía relevante". Hasta 1997 cubría esa situación con los rendimientos de las acciones de su propiedad, pero la mala marcha de la Bolsa hace que también falle ese recurso. "La de Guipúzcoa entra en un periodo de pérdidas crecientes que únicamente puede ser corregido mediante una reestructuración total de su organización y servicios", cita el informe.

El resultado acumulado de las cámaras tres sufre un continuo retroceso desde 1992, en el que obtuvieron unos beneficios de 732.207 euros, hasta el año 2002, en que se han registrado unas pérdidas acumuladas de 886.804 euros. 659.171 euros son atribuibles a Vizcaya y 231.870 a Guipúzcoa. Álava generó 4.237 euros de beneficio.

18,1 millones de patrimonio

Las Cámaras sobreviven gracias al patrimonio acumulado a lo largo de los años. A fecha de 31 de diciembre de 2002, el valor de inventario del patrimonio (valor de mercado) era de 18,1 millones de euros (más de 3.000 millones de las antiguas pesetas) de los que 12,5 millones corresponden a la de Vizcaya, 4,6 millones a la de Guipúzcoa y 0,9 millones a la de Álava.

A pesar de la caída de ingresos desde que dejó de ser obligatorio registrar las propiedades inmobiliarias en las cámaras, las retribuciones de sus directivos no se ha modificado. El secretario general de la Cámara de Vizcaya, Francisco Javier Arechaga, tiene un sueldo bruto anual de 116.086 euros, y el de Guipúzcoa, Marcos Ballesteros, de 73.357. Éste último recibe retribuciones en especie -por arrendamiento de vivienda- por valor de 16.222 euros. En Álava no hay secretario general.

Para ilustrar el desbarajuste que encontraron en Vizcaya, el informe cita: "El secretario señor Arechaga pasó en febrero de 1996 a situación de excedencia para ocupar plaza en Capitanía Marítima en la Administración del Estado. Carecemos de antecedentes suficientes para conocer en cúal de los organismos ostenta el derecho de reserva de plaza, Cámara o Capitanía, y en cúal se encuentra en situación de desplazado".