El Ejecutivo ha tardado dos años en cumplir una sentencia para hacer funcionarios a 12 empleados de las cámaras

Las cámaras de la de propiedad urbana tienen una situación jurídica dificil. En el País Vasco, que tiene competencias sobre ellas, están reguladas por un reglamento autonómico de 1988 en el que se les reconoce la naturaleza de corporaciones de derecho público. Sin embargo, en 1994, el Gobierno central socialista dictó un Real Decreto, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, en el que estableció que tanto los bienes de las cámaras como sus trabajadores pasaran a depender del sector público. Es decir, ordenó su liquidación como corporaciones de derecho público y que sus trabajadores se convirtieran en funcionarios. Esa legislación es básica, por lo que afecta a todas las comunidades autónomas, tengan o no competencias. La situación se vio parcialmente alterada en 1997, cuando el PNV y el PP pactaron una enmienda para los Presupuestos Generales del Estado de 1998 con la que querían evitar tener que asumir a la cámaras y sus trabajadores.

Los dos partidos preferían que estas entidades estuvieran fuera del sector público, aunque el servicio tuviera ese carácter, y, en plena época dorada de las relaciones entre el PNV y Gobierno de Aznar acordaron una disposición adicional en la que teóricamente permitían a las cámaras pasar a ser entidades de base asociativa, de afiliación voluntaria y caracter democrático.

El Gobierno vasco creyó que tenía las manos libre y siguió sin intervenir sobre unas entidades que tienen un patrimonio cuantioso pero una estructura de personal carísima, integrada por alrededor de 60 personas. En 2002, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dió la razón a doce trabajadores de las cámaras, seis de ellos de la de Álava, que reclamaron integrarse como funcionarios en el Gobierno vasco, en función del Real Decreto de 1994. Esa integración se producirá el 1 de noviembre, dos años después de dictada la sentencia. La sentencia estableció que la disposición adicional pactada por PNV y PP no derogaba "la proclamación del caracter básico del artículo único por el que se suprimen las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana como Corporaciones de derecho público".