La Generalitat creará un banco de suelo con una dotación inicial para 3.000 viviendas

La política de vivienda de la Generalitat empieza a perfilarse en el marco del acuerdo de competitividad. El pacto anticrisis incluye una propuesta, acordada entre los agentes sociales y el Gobierno catalán, para impulsar la creación de un banco de suelo público. La directora general de Vivienda, Carme Trilla, confirmó que el Ejecutivo creará el banco de suelo público "a lo largo del próximo año" con un objetivo claro: aumentar la oferta de suelo y establecer las condiciones financieras necesarias para destinarlo a vivienda protegida. Trilla adelantó que la política de promoción de vivienda contará con una partida presupuestaria "superior a 50 millones de euros", frente a los 34 millones destinados en 2004.

La creación del banco ha suscitado controversia entre los sindicatos, las patronales y la Administración, que la semana pasada celebraron una nueva reunión para pactar el texto final. La propuesta de Fomento del Trabajo -a cargo de José Miguel Beneroso- pasa por impulsar acuerdos de colaboración con los promotores privados para promover viviendas protegidas en las reservas de suelo público. Tanto CC OO como UGT apuestan por acuerdos con promotores sociales: cooperativas, fundaciones y los propios sindicatos. Trilla destacó que su departamento ha suscrito ya pactos con 55 municipios catalanes y que el nuevo banco público contará con una dotación inicial de suelo para construir 3.000 viviendas a partir de 2005. "El banco se dotará de suelo en virtud de los pactos entre el Instituto Catalán del Suelo y los ayuntamientos". La Generalitat y los agentes presentes en el acuerdo de competitividad han celebrado ya reuniones con las asociaciones catalanas de municipios para cerrar acuerdos con más consistorios.

Nuevo decreto

Las negociaciones coinciden con el impulso final al nuevo decreto de vivienda, que estará listo a mediados de noviembre. El nuevo texto legal fijará precios concertados para las viviendas en función de seis zonas establecidas por la Administración, con la creación de una nueva figura -la vivienda a precio tasado- que estará a medio camino entre la vivienda de protección oficial y la vivienda libre. El decreto incluirá también ayudas a los promotores en Barcelona y el área metropolitana de la capital para que proyecten viviendas protegidas sin incurrir en pérdidas, a causa de los elevados precios del suelo en esta zona.

El decreto fijará ayudas públicas para la compra de suelo, así como subvenciones al alquiler. El acuerdo sobre competitividad recoge varias medidas relacionadas con los alquileres: otorgar garantías a los propietarios para asegurarles la rentabilidad de los mismos y un sistema de mediación social que coordinará la Agencia Catalana de la Vivienda. El diputado Antoni Fernández Teixidó, de Convergència i Unió (CiU) reclama que el Gobierno catalán "aparque las declaraciones de intenciones y pase a las medidas concretas". El ex consejero de Industria pidió, en particular, que se aclare el papel de la Agencia Catalana de Inversiones -a través de una proposición no de ley- con el objetivo de convertirla en un instrumento para "atraer inversión extranjera en un momento en el que la deslocalización de empresas es un hecho demasiado habitual".