El Estatuto está agotado

El Estatuto está agotado. La afirmación suele repetirse al menos desde que, en 1993, el PSOE perdió la mayoría absoluta, y necesitó de los votos nacionalistas. La tesis se ha complementado con otras: el Estatuto es una carta otorgada, es un pacto incumplido, es una Ley que el Estado ha violado... A veces, los slogans se dicen simultáneamente y, sin embargo, son contradictorios: si es una carta otorgada, no es un pacto; si el Estado no la ha cumplido, no está agotado; si el Estado no quiere transferir treinta y tantas competencias que, según dicen, faltan por ceder, no parece fácil que esté dispuesto a permitir la puesta en marcha de la nueva Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, del llamado plan Ibarretxe...

Sólo en los pocos años que siguieron al pacto de Ajuria Enea hubo reconocimiento del otro

Decir que el Estatuto está agotado sólo tiene sentido desde una lógica nacionalista. Sólo si se considera el Estatuto como un escalón para conseguir más cosas puede decirse que el Estatuto está superado por lo que, ahora, toca el escalón siguiente que nos acerque a la independencia.

El problema está en que más o menos la mitad de este País no es nacionalista. Es legítimo que quienes lo sean pretendan alcanzar sus fines, pero bueno sería que lo intentaran respetando lo que, aquí y en todas partes, son las reglas del juego democrático.

Hobbes ya vio claro, a mediados del siglo XVII, que si en una colectividad cada uno va a lo suyo, y busca su seguridad intentando aumentar su poder, no hay sociedad, sino lucha de todos contra todos. Por eso es necesario el pacto. Ahí está el origen de las tesis que llevarán al Estado liberal, que culmina en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Vivimos en una sociedad en que el Derecho, creado por los representantes de los ciudadanos, garantiza los derechos de cada uno y controla el poder del Estado. Respetando a las minorías, las mayorías aprueban las leyes que rigen la convivencia, y mayorías más cualificadas deciden, a través de procedimientos más complejos, las modificaciones en el contrato social, la Constitución.

El Estatuto nació como un pacto. No sólo un pacto entre la naciente Comunidad Autónoma y el Estado sino, sobre todo, como un pacto entre todos los vascos. Es posible que estas palabras suenen a hueco, pero no son frases hechas. La convivencia política en este país, en el comienzo de la Transición empezó a ser terrible. Luego nos fuimos acostumbrando al horror, pero la tensión interna derivada del virulento enfrentamiento entre abertzales y "españolistas" nació con la democracia, hasta entonces el conflicto se planteaba entre franquistas y no franquistas. Después, quizá porque había muchas historias reprimidas, quizá porque muchos quisieron matar a Franco aprovechando que ya se había muerto y, seguramente, por muchas más cosas, vino lo que vino. Y entre lo que llegó fue la cabalgada de ETA hacia el horror. Los que recordamos los nombres de los primeros asesinados por la banda hemos olvidado el de los centenares que siguieron a Javier de Ybarra, asesinado pocos días después de las primeras elecciones democráticas. Y de la mano de ETA llegaron y se instalaron entre nosotros el sectarismo, la irracionalidad y la violencia en casi todos los ámbitos.

Algunos creímos que el pacto estatutario era un acuerdo entre los demócratas vascos para acabar con eso. Pero no fue así.

El PNV nunca jugó al pacto. Quería ir subiendo peldaños de su particular escalera aprovechando el peso que les daba su papel de cabeza reconocida de la comunidad nacionalista. La cosa empezó en la Constitución. Después de participar en su debate y tras conseguir un texto con el que no parecían discrepar en nada, buscaron un pretexto para no votarla: la Constitución no reconocía los Derechos Históricos vascos. (Ahora dicen que no se respetan los Derechos Históricos que la Constitución declara amparar, pero esto es otra historia). Arzálluz lo ha dicho luego con insuperable claridad: "Me acuerdo que cuando pusimos aquella disposición adicional en la Constitución, que fuimos Mitxel Unzueta y yo los que esclarecimos la estrategia de cómo no tener que decir sí a la Constitución, y pusimos esta fórmula, y no la de autodeterminación, porque creíamos que así echábamos encima de ellos la carga de la prueba, y no nos iban a dar, como sucedió, y tendríamos efectivamente un motivo serio y perfectamente explicable de no aceptar la Constitución".

La cosa siguió con el Estatuto. Su elaboración fue extraordinariamente acelerada, y en ella no se buscó el consenso ni en la Asamblea de Parlamentarios ni en la reunión de la delegación de ésta con la Comisión Constitucional del Congreso. El amago del PSE de oponerse a su aprobación por el modo de imponer el Concierto se sabía llamado al fracaso, porque el PNV sabía que era imprescindible para conseguir la pacificación de Euskadi, y eso le daba una enorme capacidad de presión y fortalecía su potencial político.

Todos los partidos políticos democráticos apoyaron el Estatuto y celebraron su aprobación. Es verdad que no faltaron escépticos: recuerdo un dibujo de Juan Carlos Eguillor con un texto que decía algo parecido a: "Estatuto de Autonomía de Euskadi: queda inaugurado este Batzoki", y recuerdo que me pareció una boutade inoportuna y equivocada. Pero no creo que lo que siguió fuera porque la realidad imitara al arte. El arte estaba sacando una fotografía de algo que algunos queríamos ver diferente a como era.

Sólo en los pocos años que siguieron al Pacto de Ajuria Enea hubo en este país reconocimiento del otro, y hubo una política orientada al aislamiento de los violentos. Pero aquello empezó a abandonarse ya en el segundo gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas. Luego vino Ermua, luego Lizarra, la tregua, su ruptura, el mirar una y otra vez a otro lado y las repetidas afirmaciones de que ETA era expresión de un malestar político que sólo podría desaparecer con medidas políticas.

Vuelvo al principio. Es legítimo que cada uno tenga sus proyectos y que trabaje por conseguirlos, pero sería conveniente que los gobernantes intentaran tomarse en serio la importancia de esos valores superiores del ordenamiento jurídico definidos en el artículo 1.1. de la Constitución Española: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No pretendo aquí hacer propaganda de la Constitución española, sino de dichos valores. Pueden los nacionalistas subir por su escalera, pero sería bueno que tuvieran en cuenta que, por razones que no vienen al caso, hay demasiada gente en este País Vasco que cree vivir con menos libertad de la que quisiera, cree que no es justo que se lleven a cabo determinadas políticas, cree que es considerado ciudadano de segunda y cree que no se le reconoce su diferencia. Es verdad que no son la mayoría, pero igual no es bueno para nadie vivir en una sociedad así.

Javier Corcuera Atienza es Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.