Informe demoledor

Después de lo escuchado ayer en el Congreso de los Diputados de boca del actual ministro de Defensa, José Bono, pocas dudas quedan para solicitar que su antecesor en el cargo, Federico Trillo, tenga la decencia de entregar su acta de diputado, al menos como compensación moral a las familias de los 62 soldados españoles que perecieron en el accidente del avión ucranio Yakovlev-42 hace 15 meses en Trabzon (Turquía), cuando regresaban a España desde Afganistán. Los familiares estudian denunciar al ex ministro ante los tribunales, aunque Trillo ya ha recalcado que le basta con pedir perdón, pero que no asume responsabilidades políticas ni, por tanto, tiene intención de ceder su escaño por Alicante.

"Queremos pasar página, pero no enterrar la verdad", sentenció Bono en el debate sobre el trágico suceso, al resumir el cúmulo de negligencias, ignorancias -voluntarias o involuntarias-, falta de control, abusos desmedidos en el pago de intermediarios y, sobre todo, mentiras por parte de quienes gestionaron la contratación del aparato y la identificación de los cadáveres. ¿Por qué tanta premura en la repatriación sobre la que se ufanaba Trillo como muestra de eficacia del Gobierno? Las autoridades turcas identificaron correctamente 32 cadáveres; los dos médicos militares españoles que se hicieron cargo de 30 cuerpos sin identificar erraron en todos los casos

. El examen se hizo en un tiempo récord: algo más de tres horas. Además, los dos generales responsables de la identificación, actualmente en la reserva tras haber sido apartados del servicio el pasado julio, mintieron groseramente al negar que se hubieran tomado muestras de ADN de todos los fallecidos. Uno de ellos, el teniente general Beltrán, fue ascendido poco después.

¿Respondía a un deseo de calmar la irritación de las familias y de ocultar la mala conciencia ante el desastre que había supuesto la propia operación de transporte? Muy probablemente sí. Ahora se sabe ya con total certeza que el avión había sufrido al menos dos fallos mecánicos graves, la caja negra no funcionaba, la tripulación era inexperta y estaba agotada tras 23 horas de vuelo; y que, en contra de lo que dijo públicamente el anterior ministro en una de sus comparecencias en el Congreso, a su departamento habían llegado informes preocupantes sobre la seguridad de los vuelos contratados. Otros, en cambio, fueron más prudentes. Por ejemplo, las advertencias de un capitán noruego llevaron a que el Gobierno de su país decidiera anular los vuelos contratados a través de la compañía Namsa.

En una institución donde la ley impide a sus miembros afiliarse a organizaciones sindicales, el Gobierno y los mandos militares tienen la obligación de atender al máximo las quejas, como subrayó Bono, y reforzar las garantías sobre la idoneidad de los medios empleados. No fue así. Cualquier cosa valía para descargar desde Madrid el fardo a otros, como el poco diplomático intento de Trillo de implicar directamente a la OTAN en el desbarajuste, para enfado del entonces secretario general de la Alianza Atlántica, George Robertson, por haber sido su agencia Namsa la que intermedió en el contrato. Hubo hasta cinco comisionistas. Se pagó más de la cuenta e incluso el Ministerio de Defensa reconoce ignorar todavía la cifra exacta que cobró finalmente la compañía ucrania al desconocer qué sucedió en el último tramo de subcontratas. Todo eso costó la vida a 62 soldados, dolor a sus familias, y también mucho dinero al erario público, más de 4,5 millones de dólares sólo en concepto de cobertura de un seguro inexistente. Todo eso para ahorrarse 6.000 euros, que era la diferencia que suponía el alquiler de un avión Tupolev que podía haber realizado un vuelo directo sin escalas. Y todo ello por encima del coste actual de un avión comercial.

Bono estuvo contenido y hasta elegante con el Gobierno anterior, sin criminalizar a nadie en particular, aunque anunció que habrá más depuraciones. Tenía los deberes bien hechos y pormenorizó con todo lujo de detalles pruebas aplastantes que desmontan las burdas explicaciones que había ofrecido su antecesor. Sin duda, esta catástrofe del Yak-42 es uno de los baldones del anterior Gobierno, que reaccionó con intolerancia frente a quienes pedían en el Parlamento la apertura de una investigación y con paternalismo, y hasta con maltrato, ante las reclamaciones que fueron formulando las familias de los fallecidos. Ante la demoledora exposición del ministro, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, perdió los papeles. Y el ex ministro Trillo sonó patético cuando alegó que lo desconocía todo y que nunca había tenido voluntad de causar daño. Por lo tanto, de nada se siente responsable.