El presidente del Supremo afirma que el 'lehendakari' "mantiene el reto al Estado"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, reprochó ayer al Gobierno que haya decidido derogar mediante una proposición de ley los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal, en los que se establecen penas de cárcel contra quienes convoquen un referéndum ilegal, mediante una proposición de ley. Esta fórmula, frente a la más habitual de proyecto de ley, no hace necesario un dictamen previo del CGPJ. "Parece que se trata, una vez más, de evitar al CGPJ", señaló Hernando en el Senado. En su opinión, el Gobierno trata de "eludir el informe del Consejo" porque "teme las observaciones de carácter técnico que, en cualquier caso, realiza el CGPJ".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior del Senado, tras ser preguntado sobre este asunto en dos ocasiones por el senador del PP Agustín Conde, Hernando entró a opinar no sólo sobre la forma, sino también sobre el fondo de la modificación del Código Penal que anunció el miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Yo creo que no han variado las condiciones que se dieron el año pasado para establecer la sanción penal a los referéndum ilegales", señaló el presidente del Supremo.

Hernando insistió en su argumento para oponerse a la iniciativa socialista: "¿Por qué no han variado aquellas condiciones? Muy sencillo: porque el presidente del Gobierno vasco lanzó un reto al Estado español, y a ese reto que lanzó al Estado español había que darle una respuesta en un momento determinado. Según mis noticias, hasta el día de hoy, el señor [Juan José] Ibarretxe sigue manteniendo que, pese a quien pese, él lleva adelante su plan, y si tiene que consultar a un referéndum, lo va a consultar. Ante eso, que es un ataque frontal al Estado español, al único Estado que hay, que es el español, el Estado español tiene que dar una respuesta, y la respuesta es incriminando lo que es una ilegalidad; por tanto, creo que no se han variado las condiciones".

En los pasillos, Hernando ya había señalado que "en un Estado de derecho el Estado tiene que articular medios de defensa, y cuando a uno le retan, pase lo que pase, caiga quien caiga y pese a quien pese, la articulación del Estado de derecho es poner los medios procesales para dar una respuesta al mundo del derecho".

Esta intervención, que fue considerada "claramente política" por José Antonio Marín Rite, del PSOE, indignó a los grupos de la izquierda. Y también al sector progresista del CGPJ, minoritario, que emitió un comunicado en el que señala: "Con tales declaraciones, el señor Hernando realiza una injustificable y del todo punto improcedente injerencia en el modo de actuar y en las competencias del poder legislativo, que ostentan exclusivamente los representantes del pueblo avalados por las urnas". Además, Luis Aguiar, Montserrat Comas, Juan Carlos Campo y María Ángeles García, que firman el texto, señalan que Hernando "se involucra en un debate político recién iniciado, alineándose una vez más de forma partidista con posiciones exclusivamente defendidas en el marco parlamentario por el Partido Popular, lo que es radicalmente incompatible, tanto con la independencia que como presidente del Tribunal Supremo debiera tener, como con el sentido institucional que debe inspirar la actuación del presidente del CGPJ, desprestigiando gravemente a este órgano que preside y al poder judicial en su conjunto".

Mientras, el portavoz del CGPJ, Enrique López, dijo que sería "coherente" que se enviara esta proposición al Consejo para que éste pueda dictaminar, aunque la ley no lo exija.