El fiscal ve indicios de prevaricación en la gestión municipal de Urnieta

La Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado al Juzgado de Instrucción Decano de San Sebastián la apertura de un procedimiento contra el Ayuntamiento de Urnieta al apreciar indicios de un presunto "delito continuado de prevaricación" en la gestión municipal en 2001. La petición fiscal se produce tras analizar la fiscalización practicada por una empresa auditora a instancias del propio consistorio y el informe del Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP), que revelan múltiples irregularidades en gastos, contratos y compras y la desaparición de abundante documentación.

El caso Urnieta ha entrado de lleno en la vía judicial. A la luz del informe aprobado, a finales de septiembre pasado, por el pleno del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de este Ayuntamiento del año 2001, la Fiscalía de Guipúzcoa considera que a lo largo del ejercicio presupuestario del año 2001 el Ayuntamiento de Urnieta incurrió en conductas que "revisten indiciariamente los caracteres propios de un delito continuado de prevaricación", por lo que anuncia la apertura de un procedimiento penal contra el consistorio.

Las presuntas ilegalidades que el fiscal cita en su escrito fueron cometidas por los responsables políticos de este municipio cuando estaba gobernado con mayoría absoluta por el PNV. En concreto, se refieren al periodo en que el Ayuntamiento estaba regido por Maixa Lizeaga, quien presentó su dimisión en febrero de 2002.

Las diligencias informativas tramitadas por la Fiscalía tienen su origen en la denuncia presentada en julio de 2002 por los concejales socialistas de Urnieta Maite Pagazaurtundua y Hermenegildo González ante la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez la remitió en noviembre de 2003 a la Audiencia Provincial al entender que era ésta la institución competente para investigar unos hechos ocurridos en su jurisdicción.

Entre las diligencias figura el resultado de la primera fiscalización de las cuentas del Consistorio y de las empresas municipales Kulturnieta (gestión cultural) Urnieta Eraiki (urbanismo) y Urnietatel (telecomunicaciones) realizada por la empresa privada Z&B Auditores a comienzos de 2003 por encargo del actual alcalde de Urnieta, el también peneuvista Florentino Ugalde. La auditoría constató una gestión caótica. El asunto ha estado paralizado en la Fiscalía a la espera de conocer las conclusiones de fiscalización del Tribunal de Cuentas. En su informe hecho público a comienzos de este mes, este organismo oficial emite, con la disconformidad de tres de sus siete miembros, una opinión positiva sobre el cumplimiento de la legalidad del Ayuntamiento. Pero señala varias irregularidades de gestión y, sobre todo, no emite opinión, por falta de datos, sobre el funcionamiento de las sociedades Urnieta Eraiki y Urnietatel, cuya anómala gestión fue precisamente la desencadenante de la auditoría pública.

"Actuaciones ilegales"

Con toda la documentación en su poder, la Fiscalía formula ahora una denuncia al considerar que a lo largo del citado ejercicio "se produjeron en el Ayuntamiento de Urnieta diversas actuaciones ilegales". En su escrito al juzgado apunta la realización de gastos sin consignación presupuestaria por importe de 33.000 euros, la adjudicación directa de nueve contratos que totalizan 280.000 euros, la prórroga de contratos que expiraban en 1995 y presuntas irregularidades en el expediente urbanístico de Casa Mikaela Enea.

Respecto a Kulturnieta, adjudicó tres contratos que suman 309.000 euros sin cumplir el principio de publicidad. La misma ilegalidad se aprecia en cinco adjudicaciones por 397.000 euros realizadas por Urnieta Eraiki. Además, el fiscal sostiene que la labor fiscalizadora "se ha visto dificultada o, en algunos casos, impedida por la desaparición de diversa documentación".

A la vista de estas anomalías, solicita abrir un procedimiento penal en el que deberán comparecer los peritos autores de las auditorías del TVCP y de Z&B Auditores, con el fin de que se ratifiquen en el contenido de sendos trabajos. Durante la fase instructora, se recabará del secretario del Ayuntamiento los documentos públicos que permitan acreditar la identidad de "las personas que por acción u omisión autorizaron o favorecieron las conductas denunciadas". La Fiscalía asegura que se tomará declaración en calidad de inculpadas a "las personas que resulten así identificadas acerca de las imputaciones que se les hace en el escrito fiscal". Los ediles Pagazaurtundua y González declararán como testigos, por ser "las personas que formularon denuncia".