División civil-militar

La Comisión Europea reclamó ayer a los astilleros agrupados en Izar la devolución de 550 millones de euros -más los intereses- recibidos por la compañía entre 2000 y 2002 en concepto de subvenciones, que Bruselas considera ilegales por vulnerar el principio de libre competencia. Ello ocurre un día después del acuerdo de principio entre la SEPI y los sindicatos sobre una fórmula societaria que permita la continuidad de la actividad industrial. Ambas decisiones están seguramente relacionadas. La Comisión había advertido de sus intenciones y dejado entender que sólo si había un plan viable de continuidad no basado en nuevas ayudas encubiertas podría ser comprensiva respecto al aplazamiento de la devolución.

El acuerdo supone la aceptación por parte de los sindicatos mayoritarios de la segregación de la actividad militar y la entrada de capital privado en la parte civil. Se abandona la pretensión de que no hubiera segregación ni privatización, que llegó a ser avalada por los partidos de oposición en un demagógico brindis al sol. A cambio, los sindicatos han logrado el compromiso de que no se cierre ningún centro y han aceptado que la SEPI controle el holding que servirá de paraguas para las dos empresas ahora diversificadas. La SEPI conservará el 100% del capital de la división militar y mantendrá el 49% de la civil. El resto, de acuerdo con la exigencia de Bruselas, será cubierto por capital privado, aunque se negocia con las cajas de ahorro su asunción de una parte importante. La naturaleza de estas instituciones haría necesaria, llegado el caso, la autorización del Banco de España.

La SEPI ha aceptado que el astillero de San Fernando (Cádiz) pase a la sociedad militar (junto con Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz), como reclamaban los sindicatos, e incluso ha ofertado negociar la inclusión en la división militar, cuya viabilidad económica está clara, del astillero de Fene, siempre y cuando abandone la construcción civil. Esta oferta queda pendiente de negociación.

Más azaroso es el futuro de la división civil, que agrupará a los centros de Sestao, Gijón, Sevilla y Manises. Pero ese porvenir dependerá de que consiga carga de trabajo, no de que Bruselas apriete más o menos. Si hay un plan de viabilidad razonable, esos astilleros seguirán. No es imaginable que la Comisión Europea lleve al cierre a una empresa importante si demuestra que puede llegar a ser competitiva.