60 islamistas han sido dispersados desde el 11-M por crear grupos radicales en prisiones
El PP y los sindicatos denuncian el "descontrol" en las cárceles y el poder de los extremistas
Instituciones Penitenciarias ha dispersado en los últimos meses por varias prisiones españolas a 60 internos de carácter islamista que habían ejercido un "liderazgo religioso radical" o se habían integrado "en círculos islamistas". Los cambios de módulo y los traslados de cárceles comenzaron poco después del 11-M, pero, según fuentes de prisiones, han sido más numerosos en los últimos dos meses. Los traslados también se han hecho desde Topas, donde se fraguó la célula que quería volar la Audiencia Nacional. "Pero se han ido unos y han entrado otros también radicales", según el sindicato Acaip.
Las quejas de los funcionarios de prisiones por el aumento de las agresiones, las presiones y la radicalización de algunos presos islámicos (la mayoría está encarcelada por delitos comunes) comenzaron en 2001 y se dispararon hasta hacerse diarias entre 2002 y 2003. La mayoría de las quejas procedían de prisiones de Galicia y Castilla y León, donde el anterior Gobierno decidió desplazar a centenares de presos extranjeros, sobre todo africanos, para descongestionar los penales de Andalucía, Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana. Fueron trasladados 18.308 presos.
Los mayores problemas se registraron en Topas (Salamanca), donde un millar de sus 1.600 internos son de 54 nacionalidades. "El problema es fundamentalmente con los musulmanes; antes rezaban dentro de sus celdas pero ahora, por las presiones de un grupo reducido de radicales, que ven que en la prensa, no sólo la española, se habla de ellos, se han hecho fuertes", aseguraban ayer los representantes sindicales de Acaip en Topas.
Fue precisamente en ese penal en el que, entre 2001 y 2003, Mohamed Achraf aglutinó en torno a sí la célula desarticulada el lunes cuando ya estaba ideando cometer un atentado con una furgoneta bomba contra la Audiencia Nacional. Achraf fue detenido en Suiza con la excusa de una infracción de tráfico para que no sospechara de que se le investigaba por terrorismo, aunque luego se comprobó que llevaba documentación falsa.
Achraf se fue rodeando de delincuentes comunes que por presiones, regalos y otros métodos se adhirieron a la ideología del salafismo combatiente, una rama escindida y más radical del GIA argelino. El citado mantuvo una intensa relación epistolar con reclusos musulmanes radicalizados de otras cárceles. El grupo que lo rodeó fue dispersado en los últimos meses por las prisiones de Córdoba, Pontevedra, Lugo, A Coruña, Zaragoza, Cádiz y Asturias, según han confirmado fuentes policiales, judiciales, de prisiones y sindicales.
Los insistentes partes de los funcionarios de Topas sobre el creciente radicalismo de algunos islamistas llevaron a que, en septiembre pasado, la actual directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, enviara a un inspector para que hiciera un informe. Los incidentes fueron achacados a problemas de masificación y pobreza, especialmente de los reclusos extranjeros. "No entendemos el empecinamiento en negar todo, porque se ha demostrado que las cárceles son caldo de cultivo de radicales", según Acaip.
Ayer mismo, los representantes sindicales de Topas se reunieron con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo Vicente, para transmitirle su visión de los problemas de las cárceles regionales a fin de que se eleve un informe al Ejecutivo y se adopten medidas. Lo hicieron poco después de que representantes de todos los sindicatos de cárceles -encerrados en la Dirección general de Instituciones Penitenciarias (se está en plena negociación del convenio colectivo)-, insistieran en que las cárceles son "caldo de cultivo del integrismo" y reprocharan a Gallizo que les acusara de exagerados en su comparecencia en el Senado del pasado día 4 para hablar de Topas. Allí dijo que la situación era "normal". Los sindicatos han amenazado con una huelga a finales de noviembre si no se atienden sus reivindicaciones salariales.
Pero, según fuentes de la investigación, ese día ya estaba a toda máquina la operación de la policía contra la célula islamista de Achraf. Estos medios indicaron que la correspondencia intervenida en la operación procede de presos enviados a otras prisiones durante el proceso de dispersión de islamistas. Fuentes penitenciarias explicaron que era "imposible contar en ese momento al Senado" que se estaba llevando una operación "en coordinación con la policía y el poder judicial". Y agregaron que 60 islamistas que "han ejercido liderazgo en prisiones, han creado círculos radicales o han participado en ellos" están "dispersados" desde el 11-M.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, confirmó ayer que la dispersión se está aplicando también a presos "de corte islamista". También ayer, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, denunció el "caos, desorden y descontrol de Mercedes Gallizo en Instituciones Penitenciarias". La diputada cree que la directora general debería haber sido destituida, una vez que se ha confirmado que las denuncias de los sindicatos de prisiones desde 2001 eran ciertas. Además, pidió "la dispersión urgente de todos aquellos presos islamistas que pudieran haber causado conflictividad en los centros penitenciarios españoles".
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