El proyecto de Ley de Industria llega al pleno con la única oposición de SA

El Parlamento vasco aprobará en breve la Ley de Industria con un amplio acuerdo después de que sólo Sozialista Abertzaleak votara ayer en contra del dictamen de la comisión que ha trabajado el contenido del proyecto durante las últimas semanas. El PSE y el tripartito mostraron su satisfacción con la redacción que irá a pleno y votaron afirmativamente al dictamen mientras que el PP se abstuvo a pesar de que incorpora 62 de las 69 enmiendas que plantearon. El portavoz popular Fernando Maura dijo que su grupo se abstendrá pero sin hacer oposición a la ley.

El proyecto de ley desarrolla a través de 41 artículos el marco regulador del ejercicio de la actividad y el fomento industrial, ya adaptado a la Unión Europea y a los cambios en materia de normas de calidad y fabricación que emanan de la nueva realidad política continental.

Además fija nuevos criterios en todo lo relacionado con la seguridad y la calidad industrial para la intervención y el control administrativo de instalaciones, aparatos, equipos y procesos industriales. Este era precisamente el objetivo originario de la ley al que se han incorporado otros asuntos como la participación social en los planes estratégicos del departamento. El proyecto de ley capacita a Industria para elaborar planes estratégicos cuatrienales en cuya elaboración "participarán todos los agentes sociales y económicos implicados".

El portavoz del PSE, Jesús Loza, valoró ese hecho y a la hora de explicar su voto afirmativo al dictamen del proyecto de ley resaltó que "ahora sí supone un avance". En su opinión, el hecho de que se haya introducido el concepto de responsabilidad social corporativa, que los trabajadores tengan voz y voto en el diseño de la política industrial y que el proyecto incorpore los planes estratégicos cuatrianuales, modifica el proyecto original y lo hace útil para la sociedad a la que va a servir.

Según el proyecto, los planes estratégicos versarán sobre los diagnósticos, los principios, los objetivos, las políticas, los instrumentos, la financiación y la evaluación de las políticas industriales. Planes que una vez debatidos y consensuados serán enviados al Parlamento vasco para su debate y eventual aprobación.

El proyecto fija como norma general que de los daños derivados del ejercicio de actividades industriales, así como de la utilización o funcionamiento de las instalaciones, aparatos, equipos o productos industriales, responderá el titular de los mismos.

Millón de euros

Por ello, se establece una tabla de sanciones que van de las multas de entre 300 y 6.000 euros para las infracciones leves; de 3.000 a 90.000, para las graves, y de los 30.000 euros al millón, para las muy graves. El proyecto también establece que cuando de la consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido.

Entre las infracciones muy graves se encuentra el mantenimiento de una actividad cuando la autorización esté suspendida, la obstrucción a la inspección de seguridad industrial, la ocultación de información relevante o el incumplimiento de las medidas cautelares que hayan sido adoptadas en situaciones de riesgo.

Precisamente las discrepancias del PP que van a hacer que se abstenga en el debate en pleno, se centran, precisamente en el régimen sancionador. El PP solicitará, también en el debate plenario, pequeñas modificaciones en las cuantías de las multas, y un cambio sustancial en la paternidad de las sanciones. Maura explicó ayer que cree que las infracciones muy graves han de ser impuestas por el Consejo de Gobierno y no por la titular de Industria. Fernando Maura mantendrá para el pleno las siete enmiendas parciales, de las 69 presentadas que no les han aceptado.

Finalmente, el capítulo tercero del proyecto recoge el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial bajo el principio de mínima intervención, desarrollando el marco jurídico en el que se deberán mover la administración y los agentes que colaboren con ella en los procesos de autorización y control de las instalaciones industriales.

José María González, PNV, y Rafael Larreina, EA, se felicitaron por el alto nivel de consenso logrado mientras que Jon Salaberria, de la extinta Batasuna, reiteró su rechazo al proyecto porque "no ofrece la independencia económica e industrial respecto a Madrid que es necesaria para resolver problemas como el de La Naval".