El laberinto de Marbella

Cinco grupos mixtos, concejales con cientos de querellas a cuestas y denuncias por irregularidades urbanísticas. El gobierno municipal de Marisol Yagüe arrastra numerosos problemas herencia de su pasado en el Grupo Independiente Liberal (GIL). Al menos ocho ediles del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa, tienen abiertos procedimientos judiciales, bien por malversación y prevaricación o por delitos contra la ordenación del territorio. Mientras la regidora insiste en la "transparencia" de su gestión, la Junta de Andalucía ha impugnado una decena de licencias de obras concedidas por su gobierno y contrarias al Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Además del caos urbanístico y del peculiar funcionamiento de un Ayuntamiento con nueve grupos políticos, el equipo de Yagüe se enfrenta a no pocas causas judiciales. La propia alcaldesa está imputada con otros 33 ex concejales y personal de confianza del GIL en una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación y defraudación a la Seguridad Social y Hacienda Pública por 91 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cerró recientemente cinco casos denunciados por la ex edil del PSOE y ahora primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, contra el equipo de gobierno de Jesús Gil. En uno de ellos, el caso Incopromar, estaba también imputada Yagüe.

La regidora se enfrenta además a otras dos denuncias del Grupo Mixto D por prevaricación y un delito de impedimento de los derechos cívicos de la oposición. Otros seis ex ediles del GIL, Rafael González, Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa, Rafael Calleja, Victoriano Rodríguez y Antonio Luque, tienen abiertos numerosos procedimientos por denuncias urbanísticas o causas de índole más seria. Los cinco primeros figuran también en la citada querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Luque está imputado junto a González, en el caso Eventos, que investiga los patrocinios realizados a través de una sociedad municipal; y fue denunciado por malversación por una empresa de Granada, que reclama 60.000 euros de una fianza que depositó para concursar a un aparcamiento.

El edil del PA y segundo teniente de alcalde, Carlos Fernández, tampoco sale bien librado. Está inmerso en varias causas producto de su pasado como concejal del GIL. Fernández está imputado en un delito de malversación de caudales públicos, por el que el fiscal le pide 4 años de cárcel. Fernández, que actualmente es concejal responsable de Seguridad y que ha sido sido defendido por Yagüe, fue acusado por Jesús Gil de apropiarse, cuando era delegado de Deportes, de 79.500 euros destinados a subvencionar a jugadores del equipo de fútbol local y a distintos colectivos deportivos. El edil andalucista está también imputado en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

El asesor de la alcaldesa y que en las corporaciones presididas por Jesús Gil y Julián Muñoz fue gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, está acusado del desvío de 30 millones de euros de dinero público municipal a cuentas privadas de Gil a través de cuatro empresas fantasmas, causa por la que estuvo en prisión provisional. Además de estar también imputado en la querella de Anticorrupción y otro caso relacionado con la gestión de la desaladora, la fiscalía pide cárcel para él por el caso Belmonsa. Sus precauciones -se guarda de firmar cualquier papel- han resultado insuficientes. Lo cierto es que la herencia GIL, de la que tampoco se libran algunos ediles de la oposición, es una pesada losa.