Iberia y otras aerolíneas denuncian ayudas de Estado en el plan de viabilidad de Alitalia

Iberia y otras siete compañías, entre las que están Lufthansa y British Airways, enviaron el viernes a la Comisión Europea una dura réplica al plan de saneamiento de Alitalia. Los planes de reestructuración de la empresa italiana, dicen sus competidores, suponen una dotación de 800 millones de euros en ayudas de Estado (lo que sería ilegal), al mismo tiempo que la aerolínea ofrece billetes baratos y abre nuevas rutas en una política sólo explicable por el apoyo del Gobierno. Bruselas señaló ayer que el plan de saneamiento fue recibido el mismo viernes y que dispone de dos meses para estudiarlo.

La carta enviada al director general de Energía y Transportes de la Comisión Europea, François Lamoureux, denuncia el plan de escindir en dos la compañía, de manera que la deuda acumulada de 1.600 millones de euros quede atribuida únicamente a Alitalia Service, la empresa de servicio de tierra. Así, Alitalia Service asumiría la deuda global de Alitalia y posteriormente el holding público italiano Fintecna entraría en su accionariado con una participación del 49%, lo que supondría una inyección de capital de al menos otros 800 millones de euros.

"Tal arreglo sólo se puede interpretar como una ayuda adicional del Estado de al menos 800 millones de euros", dice la carta que firman los consejeros delegados de Iberia, Lufthansa, British Airways, Austrian Tilines, Finnair, Scandinavian Airlines, Hapag Lloyd Flug y TAP.

La carta describe los siguientes pasos a dar por Alitalia, como el que planifica el Estado para deshacersede una parte de su participación en la empresa Alitalia Fly. Los firmantes sugieren que, dada la catastrófica situación financiera de la empresa, los inversores privados sólo estarán interesados en hacerse con acciones de la empresa si obtienen, por ejemplo, reducciones fiscales. Por último, para las empresas rivales de Alitalia, su agresiva política comercial con espectaculares ofertas de bajos precios y aperturas de nuevas rutas, sólo es explicable si tiene por detrás el aval estatal y la promesa de nuevas inyecciones financieras.

El ministro de Industria italiano, Antonio Marzano, por su parte, negó que el plan de rescate de Alitalia contenga ayudas de Estado y viole por tanto las normas europeas de la competencia, informa Efe. "Las líneas generales del plan fueron acordadas con Bruselas", subrayó el ministro en declaraciones realizadas durante la apertura de una fábrica de Merloni, el grupo italiano, en la localidad polaca de Lodz. Marzano, que fue acompañado por el presidente saliente de la Comisión Europea, Romano Prodi, insistió en que el plan de saneamiento "no incluye ayudas de Estado". Prodi, a su vez, dijo que "hubiera querido que esa decisión fuera tomada por mi Comisión, pero esperemos que el vía libre llegue en un plazo breve".

En Bruselas, la Comisión Europea explicó que el plan presentado para rescatar Alitalia se recibió el viernes y tiene 400 páginas que debe estudiar. "Sabemos perfectamente que no podemos permitir más ayudas de Estado", dijo una fuente próxima al caso. "No obstante, estamos analizando detenidamente la carta y daremos oportuna respuesta".

La Comisión Europea aceptó en julio pasado un crédito puente para Alitalia de 400 millones de euros, que la compañía debe devolver en un año, para facilitar la operación de salvamento que prevé el Gobierno de Silvio Berlusconi y que pasa por la escisión de la empresa y una reducción de plantilla de 2.800 puestos de trabajo (de un total de 22.000). Una de las exigencias de Bruselas, expresada en julio pasado, es que el Estado italiano reduzca su participación en la empresa hasta el 49% antes de un año (ahora es del 62,4%).

Distorsión

"La Comisión debería ser particularmente crítica a la hora de permitir más ayudas de Estado... que constituirían una enorme distorsión de la competencia", dicen las aerolíneas opuestas al plan, que han añadido a la misiva una completa relación de ofertas de tarifas baratas lanzadas por Alitalia, así como de las nuevas rutas abiertas.

Bruselas dispone ahora de dos meses para estudiar el plan enviado por Roma y tomar una decisión. Trascurrido el plazo, la Comisión podría, o bien pedir información complementaria, abrir un procedimiento de infracción, o dar luz verde al proyecto.