El Gobierno aprueba el proyecto de nuevas mayorías para nombrar jueces del Supremo

El Gobierno mantiene su propósito, pese a la protesta de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, y ayer aprobó el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que, fundamentalmente, se modifica el método de elección de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades. El proyecto fija una mayoría de tres quintos de los miembros del CGPJ para designar estos cargos, frente a la mayoría simple que regía hasta ahora y que el Gobierno considera que "perjudica la imagen de la justicia".

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que se siente "perpleja y sorprendida", ante la reacción adversa del sector conservador y mayoritario, del Consejo General del Poder Judicial y que se le "escapa la radicalidad de la respuesta".

El Consejo se opuso a esta reforma por mayoría de 11 votos que corresponden a la mayoría conservadora que sostuvo que el Consejo esta "herido de muerte" con esta reforma.

En el texto oficial distribuido tras el Conejo de Ministros se explica que "la nueva fórmula de nombramientos busca hacer efectivo el principio de pluralidad " y evitar "la tentación, ahora y en el futuro, de elegir conforme al criterio de una mayoría estable concreta, pero institucionalmente insuficiente. Esta práctica", dice el Ejecutivo, "se sustituye por el diálogo y el consenso permanente".

Fernández de la Vega dijo en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros que la reforma que propine el Gobierno es "moderadísima", y repitió que no comprende la radicalidad de la respuesta "frente a una propuesta tan absolutamente moderada como la que ha hecho el Gobierno" en cumplimiento de una mandato parlamentario.

Se refería a una proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que, en sucesivas ocasiones y a través de su portavoz, Eduardo Zaplana, y del portavoz de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, ha descalificado el proyecto por considerarlo un ataque a la independencia del CGPJ y un cambio de las reglas del juego, que, en su opinión, sólo obedece a una venganza política del Ejecutivo ante decisiones del Consejo que no le complacen en materia de nombramientos.

Por el contrario, Fernández de la Vega explicó ayer que el proyecto no supone "el cambio de ninguna regla de actuación, ni siquiera de las mínimas reglas de juego", por lo que el proyecto "no debería ser motivo ni siquiera de confrontación".

La portavoz aseguró que respeta "absolutamente la posición de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial" y que frente a la posibilidad evocada por este órgano de un "conflicto constitucional", ella no encuentra "objeto ni contenido a ese posible conflicto". Fernández de la Vega quiso dejar sentado que el Gobierno actúa "en el ejercicio de sus competencias" legislativas, enviando el proyecto al Parlamento, donde necesitará la aprobación por mayoría absoluta, al tratarse de una ley orgánica.

La posición adelantada por los grupos cuando hace 15 días instaron al Gobierno a llevar adelante la reforma augura que no habrá dificultades para sacarlo adelante.

En la referencia oficial del Consejo de Ministros se explica que el con el proyecto "se evitará la aplicación automática de la aritmética de un grupo que perjudica el diseño constitucional respecto a la posición del Tribunal Supremo".

Entre los objetivos de esta norma está potenciar al "Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior, en todos los órdenes" y que "las presidencias de los tribunales superiores" de las comunidades autónomas "sean los órganos judiciales en los que culmine la organización judicial de la comunidad autónoma".

Además, asegura el Gobierno, se pretende "relegar la aplicación de un sistema de mayorías que perjudica la imagen de la justicia y puede enturbiar su independencia". Y que se aplicará la misma mayoría que para elegir magistrados del Tribunal Constitucional.