Los tribunales vuelven a condenar al Departamento de Justicia por no aplicar sentencias desfavorables

El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha vuelto a condenar al Departamento de Justicia del Gobierno a pagar una multa de 300 euros por su resistencia a aplicar varias sentencias en su contra, que le obligan a reconocer la categoría laboral de nueve empleados y a pagarles de acuerdo a su nivel. Ya en el mes de julio, el Juzgado de lo Social número 1 de la capital vizcaína condenó a la consejería por idéntico motivo a pagar una multa de 300 euros y le reprochó su "tozudez jurídica" y "notoria temeridad".

El conflicto por el que le llueven las sentencias en contra al departamento se remonta a 1999, cuando nueve trabajadores de la Administración de Justicia con la categoría de auxiliares acudieron a la vía judicial para lograr el reconocimiento salarial de la categoría que ostentan. Estos trabajadores pasaron a depender del Gobierno vasco tras la transferencia del personal laboral de Justicia por parte del Ejecutivo central en 1996. Inicialmente, la consejería atribuyó a los nueve trabajadores una categoría, pero un año después anunció que ésta se iba a extinguir y dejó de pagarles según el nivel que tenían establecido. Sin embargo, el departamento aún no ha extinguido la categoría inicial, por lo que los trabajadores la mantienen, pero cobran menos de lo que les corresponde. Esta circunstancia les obliga a recurrir anualmente a los tribunales para que obliguen al departamento abonar la diferencia, que oscila entre los 1.300 y los 1.600 euros al año.

Aunque los tribunales siempre han dado la razón a los funcionarios, la consejería sólo accede a pagarles cuando se agotan todos los plazos, por lo que tiene que abonar también los intereses de demora. La viceconsejera de Justicia, Esther Larrañaga, justificó en su momento la actitud del departamento en el derecho que asiste a cualquier parte, incluida la Administración, a agotar la vía de los recursos que la ley le ofrece. UGT, sindicato que ha llevado la reclamación de alguno de los demandantes, considera que el departamento está ofreciendo una imagen "deplorable" con su actitud, que le está costando dinero a la sociedad al cargar gratuitamente de trabajo a los tribunales.