El Gobierno central se enfrenta al de Murcia por un gran complejo turístico en La Manga

El Gobierno de la comunidad murciana ha reactivado la construcción del complejo turístico de Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor, que incluye el dragado del puerto de la caleta del Estacio, la construcción de una urbanización de 2.155 viviendas, un hotel, una zona comercial, un campo de golf de 200.000 metros cuadrados y una playa artificial, contradiciendo de forma directa la Ley de Costas. El proyecto cuenta también con la oposición del Ministerio de Medio Ambiente y los propios servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas de Murcia.

Los servicios jurídicos de la comunidad han advertido en tres informes, en contra de la opinión del Ejecutivo murciano, que "en ningún caso pueden autorizarse edificaciones para residencia o habitación" en la costa. Sin embargo, ya se han iniciado los trabajos de vallado del perímetro del complejo, y se ha comenzado a remover los terrenos en los que se podrían construir las viviendas, que rechazan todos los grupos ecologistas, así como el propio departamento de Ecología de la Universidad de Murcia, que ha alertado de las consecuencias en el Mar Menor si se draga la dársena de Puerto Mayor.

Llama la atención, además, que los trabajos se hayan desarrollado sin el preceptivo permiso de obras municipal, que según el alcalde de San Javier, José Hernández (PP), no ha sido solicitado todavía, "por lo que hasta que no lo tengamos no vamos a poder decidir al respecto".

En los informes realizados por los funcionarios de la Comunidad se reitera que pese a que en 1975 se concedió la autorización para ganar terreno al mar, esta zona tiene la calificación de dominio público marítimo-terrestre, por lo que "sólo pueden permitirse aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación, esencialmente los puertos y su zona de servicio". En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró a EL PAÍS que la Dirección General de Costas "no va a autorizar que se construyan las viviendas sobre el dominio público marítimo-terrestre".

En manos de los tribunales

La propia ministra reitera que "estas obras se han intentado parar, y en estos momentos son los tribunales quienes están estudiando el caso, pero todos sabemos que en España la paralización cautelar de las obras por parte de los tribunales es muy difícil que se dé, pero si al final se demuestra que se ha hecho en contra de las leyes, el desastre ya estará ahí".

Para Narbona, el ministerio no puede sustituir a las instancias que tienen la competencia, "y si es verdad que no tienen licencia municipal, las obras las debería parar el Ayuntamiento de San Javier". "Llegaremos a donde haya que llegar en las instancias jurídicas correspondientes, y si hablamos de la Ley en vigor de Costas estamos diciendo que el proyecto que tuvo autorización en su momento no es el que se está haciendo ahora".

Asimismo, Narbona se felicita de que al igual que han puesto de manifiesto los técnicos del ministerio, los servicios jurídicos del Gobierno de Murcia "tienen una opinión que se fundamenta en la legislación vigente", por lo que reiteró que Medio Ambiente "agotará todas las instancias posibles". Sin embargo, el proyecto de la empresa Puertomayor, SA, que todavía no ha sido remitido a Medio Ambiente, prevé el relleno de 500.000 metros cuadrados de terreno ganado al mar, cuyo destino sería la construcción de las edificaciones.

Al rechazo de los propios servicios jurídicos de la comunidad murciana, que contrasta con el interés del Gobierno autónomo en seguir adelante con el proyecto, se une el de la Dirección General de Costas, que ya desde hace dos años, fecha en la que gobernaba el PP, venía insistiendo en que se mantenga la declaración de impacto ambiental negativa que emitieron tanto el Gobierno regional como el central.

El dragado del puerto perjudicaría medioambientalmente a la zona, ya que según Costas, "se aprecia una excesiva desproporción entre la superficie limitada por los diques y la lámina de agua". También ponen de manifiesto que todos los materiales a dragar "han sido retenidos en la zona por las obras existentes, lo que impide que una importante cantidad de sedimentos se incorpore a la dinámica litoral del conjunto de La Manga, agravando el problema de erosión general".

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, quien ocupa esta cartera desde hace dos meses, reitera que la Dirección General de Calidad Ambiental regional, que ha sido la que ha reactivado las obras, se vio obligada a hacerlo por la vigencia de una sentencia, de 1996, que devuelve la concesión otorgada en 1975 por el Gobierno franquista. En la evaluación de impacto ambiental se ponen de manifiesto los posibles perjuicios de la obra que se ha retomado.