Regreso a casa por la fuerza

Casi 90 inmigrantes sin papeles han sido expulsados en los primeros ocho meses de este año por las subdelegaciones del Gobierno en las tres provincias vascas, frente a los 109 que fueron repatriados en 2003. Estos extranjeros han sido devueltos a sus países de origen después de que el servicio de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) abriera diligencias y les fuera incoado expediente. Aunque en lo que va de año la cifra de expulsiones se ha triplicado ya en Alava y ha aumentado sensiblemente en Guipúzcoa, menos de un cuarto de los procesos sancionadores abiertos en el País Vasco a ciudadanos sin papeles se resuelven en el año con esta sanción. En su mayor parte, las órdenes de deportación han afectado a individuos llegados de Centroamérica, el norte de África y Europa del Este.

El Gobierno vasco no tiene estadísticas sobre los 'sin papeles' que reciben ayudas públicas

Las causas de expulsión de inmigrantes aparecen recogidas en el artículo 57 de la Ley de Extranjería. Entre ellas, la más común es la falta de permiso de residencia, trabajo y visado en regla. Cuando la policía comprueba que los extranjeros no disponen de la documentación obligatoria, proponen a la Subdelegación del Gobierno la apertura de un expediente administrativo, cuya sanción máxima es la expulsión. Los trámites incluyen un plazo para la presentación de alegaciones.

Desde enero hasta el pasado 31 de agosto, la Subdelegación de Vizcaya decretó la salida obligada del país, por estancia irregular, de un total de 44 emigrantes, frente a los 75 que fueron expulsados de enero a diciembre de 2003. Según fuentes de las tres subdelegaciones, en Alava han sido ejecutadas hasta el mes de agosto, 17 expulsiones, frente a las 6 llevadas a cabo durante todo el 2003. En Guipúzcoa, de enero a julio de 2004 fueron expulsados 27 extranjeros, mientras que en 2003 fueron dictadas 28 órdenes, y 18 en 2002.

Sólo cerca de la cuarta parte de los expedientes incoados ha finalizado en los últimos meses con una orden de expulsión. Si el año pasado fueron decretadas en Alava seis expulsiones, el número de expedientes abiertos en este periodo por la Subdelegación ascendió a 81, mientras que, de enero a agosto, se abrieron 102 en este territorio. En Vizcaya se han iniciado desde enero 198 expedientes y 364 fueron incoados en 2003.

La ley recoge una serie de supuestos que paralizan un expediente. Si sobre el emigrante pesa una pena de cárcel, podría cumplir condena en un centro penitenciario español antes de ser deportado. Las órdenes de expulsión quedarán también en suspenso si el afectado percibe algún tipo de subsidio. En Euskadi, la falta de papeles no impide, en principio, ser beneficiario de ayudas sociales. La ley vasca contra la exclusión social de 1998 sólo obliga a los solicitantes a permanecer empadronados durante un mínimo de seis meses en un ayuntamiento vasco. Ni el Departamento de Empleo, que concede las ayudas sociales, ni la Dirección de Inmigración carecen de estadísticas sobre el número de inmigrantes ilegales que reciben ayudas públicas.

En ocasiones, la imposibilidad de verificar el país de procedencia retrasa los trámites, según las fuentes consultadas. Tras la apertura del expediente administrativo, el juez puede decretar el ingreso del afectado en un centro para emigrantes por un plazo máximo de cuarenta días. En este tiempo, las autoridades tratarán de determinar su nacionalidad y, si no lo certifican, el expediente quedará congelado. "El inmigrante puede que mienta sobre su origen, pero no suele darse el caso. Se realizan una serie de averiguaciones en base a su perfil idiomático, sus rasgos u otros factores", explica un portavoz de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. En algunos casos, la propia policía del país de origen del emigrante se niega a reconocerlo. "A veces, no hay colaboración, porque no les interesa que regrese", apunta.

La paralización de un expediente es siempre provisional. Ante una orden de expulsión, el afectado será deportado en el momento en el que, por ejemplo, deje de recibir ayudas sociales o la policía determine su país de procedencia. Una vez en su país, tendrá prohibido regresar a España en un plazo que oscila entre los tres y los diez años. La mayor parte de los emigrantes deportados en los últimos meses provenían de Centroamérica, el norte de África y Europa del Este. En 2004, sólo en Vizcaya y Alava han sido expulsados 14 rumanos, 11 brasileños y 8 marroquíes, entre otros.

En 2003, Colombia fue el país que contabilizó el mayor número de expulsiones, con un total de 30; seguido de Rumania, con 20; Nigeria, con 19; Marruecos, con 15; y Brasil, con 13. Por provincias, en Guipúzcoa fueron expulsados siete marroquíes, cinco colombianos, cuatro rumanos, cuatro de Ecuador y, el resto, originarios de Rusia, Eslovaquia, la República Checa y Brasil. De las seis expulsiones ejecutadas el pasado año en Alava, tres fueron de ciudadanos marroquíes. Entre los inmigrantes expulsados en Vizcaya, figuraron 25 colombianos, 16 rumanos y 12 brasileños.