Se abren diligencias penales contra 459 'piratas' musicales en seis países europeos

La industria discográfica ha interpuesto demandas judiciales en seis países europeos contra 459 usuarios de Internet por fraude y presuntas infracciones de la ley de propiedad intelectual. Se acusa a los demandados de copiar canciones desde la Red para su intercambio gratuito e ilegal, según anunció ayer en Londres el presidente de la Federación Internacional de Empresas Fonográficas, Jay Berman. Se trata de la segunda ola de acciones legales emprendidas en Europa desde el pasado marzo.

Italia, Alemania y Dinamarca tomaron entonces la iniciativa con la apertura de 200 trámites legales. A estos tres países, que ayer abrieron nuevas demandas, se unen ahora los dos principales mercados europeos, Reino Unido (con 28 casos) y Francia (50 casos), y Austria (100). España no descarta el recurso a la justicia en un futuro pero, de momento, enfoca la lucha contra el fraude electrónico en campañas de concienciación social.

"Existe todavía mucha confusión en España sobre los servicios legales e ilegales de descargas musicales. Debemos insistir y aclarar la situación antes de iniciar demandas contra los que suben canciones en Internet", señaló ayer Antonio Guisasola, presidente de la Asociación Fonográfica y Videográfica de España (AFYVE). La piratería física, con los puestos de venta callejeros y el top manta, está tapando el fraude electrónico musical que en España, según reconoce Guisasola, "también es un problema muy grave". Se estima que 200 millones de canciones se intercambiaron ilegalmente en España en 2003.

En total se han tramitado 650 demandas en Europa desde el pasado marzo. Los trámites varían según el país, limitándose generalmente a acciones civiles frente a una pequeña proporción de diligencias criminales. En el Reino Unido y España es necesario obtener previamente un mandato judicial para conocer la identidad de los demandados. En otros países, la legislación obliga al proveedor de servicios de Internet a desvelar los datos de los clientes sospechosos de fraude. En todos los casos se tiende a resolver la querella con acuerdos entre ambas partes y el pago de indemnizaciones de entre 2.000 y 13.000 euros.