El PSOE logra el respaldo parlamentario a la ley contra la violencia machista

El pleno del Congreso aprobará hoy el proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. ERC, PNV e IU anunciaron ayer su voto favorable al proyecto socialista, mientras que CiU y el PP aún calibraban su decisión. El texto mantiene el polémico agravamiento que castiga más a los hombres que a las mujeres en el caso de coacciones o amenazas leves y de lesiones a su pareja. Sin embargo, para salvar las críticas y evitar posibles recursos de inconstitucionalidad, se amplía ese agravamiento a quien tenga esa conducta con una "persona especialmente vulnerable que conviva con el autor" (al margen de cuál sea el sexo de ambos). Varios grupos anuncian enmiendas en el Senado.

Ayer, el PSOE negoció hasta última hora los apoyos parlamentarios al proyecto de ley, según indicaron fuentes socialistas. El objetivo era lograr el mayor respaldo posible para la votación, hoy, de un texto que recibió 400 enmiendas (algunas, de poco calado, ya aprobadas en comisión). Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como el Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida anunciaron que votarán a favor. De ahí que se espere una aprobación holgada. La duda está más en las posibles abstenciones y en el futuro trámite en la Cámara alta. "Presentaremos enmiendas en el Senado", anunció el responsable de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. En el mismo sentido se manifestó el PP.

Los populares, que ya anunciaron que en ningún caso votarían en contra de la ley, vacilaban anoche entre la abstención y el voto favorable. "Decidiremos en función de las enmiendas que se aprueben en el pleno", aseguró la diputada Susana Camarero. "No queremos retrasar la aprobación inicial en el Congreso, pero nuestro empeño es mejorar la ley en el Senado, donde somos el grupo mayoritario", añadió. Tampoco Convergència i Unió tenía clara la postura. "Estamos a favor de una ley contra la violencia que sufren las mujeres, pero no hemos tenido la oportunidad de dar nuestra opinión sobre las enmiendas que han ofrecido pactar los socialistas", dijo la diputada Mercé Pigem.

Pigem, como los representantes de otros grupos, se quejaba de la tramitación del proyecto. "Estoy perpleja porque en una ley a la que los socialistas conceden tanta importancia no ha existido debate y se hayan destinado 10 minutos a la ponencia". "La tramitación ha sido vergonzosa. Nos han hurtado el debate", aseguró Camarero. También se mostró "muy crítica" la diputada del PNV Margarita Uría, informa Efe.

Agravamiento polémico

Uno de los principales escollos del proyecto de ley que se vota hoy es el sexismo penal: establece un castigo mayor a los hombres que a las mujeres que incurran en varios supuestos de violencia doméstica (coacciones y amenazas leves a la mujer o ex novia o en el supuesto de lesiones). Aunque el PSOE ha defendido la legalidad de esta discriminación positiva, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial la han criticado. También está en contra el PP (mantiene sus enmiendas).

En aras de evitar posibles recursos de inconstitucionalidad y de lograr el máximo consenso posible, el grupo socialista ha decidido mantener el agravamiento sexista y extender esas penas más duras también a quien coaccione o amenace levemente o lesione a "una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor". Y ello, independientemente del sexo del agresor y del de la víctima.

Sin embargo, esta vía topó ayer con una objeción de la directora general del Instituto de la Mujer, Rosa Peris. En una reunión con periodistas, consideró "posible" que la extensión del agravamiento penal a quien dañe a una víctima vulnerable "ataque la columna vertebral" de la ley. No obstante, Peris añadió que, "en la medida en que intente cubrir a otros colectivos que se puedan ver afectados, lo que viene a hacer es enriquecer la ley sin perder su objetivo principal, que es proteger a la mujer".La ley contra la violencia, que Rodríguez Zapatero se comprometió a aprobar en primer lugar si ganaba las elecciones, confiere a las mujeres maltratadas el derecho a una atención integral. Incluye medidas sociales, educativas, jurídicas y laborales.