La patronal italiana se enfrenta a Berlusconi por los Presupuestos

El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi parece haberse situado a la derecha del empresariado italiano. El presidente de la patronal Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, ha criticado el presupuesto presentado el pasado jueves, ha exigido medidas de liberalización y, a la vez, de relanzamiento industrial. "Este Gobierno parece más pendiente de algunos intereses concretos que del interés general del país", indicó. Según Montezemolo, el proyecto berlusconiano de reducción de impuestos "carece de realismo".

La influencia de Montezemolo no es la habitual de un presidente de los empresarios. Está muy por encima de eso. Primero, porque Montezemolo es presidente de Fiat, la sociedad más emblemática del país. Segundo, porque es a la vez presidente de Ferrari, que simboliza la capacidad de competición de la industria italiana. Y tercero, porque se trata de un personaje carismático, con una altísima cota de popularidad (sólo el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, amigo personal de Montezemolo, tiene una popularidad comparable) y al que se atribuye, pese a sus desmentidos, un inevitable porvenir político.

Luca Cordero de Montezemolo se reunió el pasado viernes con un grupo de corresponsales extranjeros y expresó su descontento con la política económica. Dejó claro, por ejemplo, que el enésimo plan de salvamento de Alitalia le parecía un derroche de dinero en una medida proteccionista e inútil ("si no hubiera periodistas delante, diría claramente si estoy a favor de la quiebra de Alitalia", manifestó), y que la prometida reducción del impuesto sobre la renta era inviable porque se corría el riesgo de agravar el déficit público y el endeudamiento sin aumentar el crecimiento económico. "No se dan las condiciones para bajar los impuestos, salvo en las franjas salariales más bajas", dijo.

Objetivos fiscales

El sábado, en Capri, ante un auditorio de jóvenes empresarios, señaló que el presupuesto recién presentado ante el Parlamento era "restrictivo" pero no aportaba ninguna solución a los problemas del país. El presupuesto del ministro de Finanzas, Domenico Siniscalco, es, en realidad, un cascarón vacío, a la espera de un futuro collegato, o ley adjunta, que debe marcar objetivos fiscales y de crecimiento. "Esperamos encontrar en esa ley adjunta medidas para el fomento de la competitividad, medidas para liberalizar el sector bancario, medidas para apoyar la inversión en el sur y una buena ley de quiebras antes de que, en diciembre, se cumpla un año de la crisis de Parmalat", declaró.

Sus críticas se extendieron a los ejes fundamentales de la política económica, social y territorial del Gobierno de Berlusconi. Se quejó, por ejemplo, de la restrictiva ley de inmigración impuesta por los sectores más derechistas y xenófobos de la coalición berlusconiana: "Gracias a la inmigración podemos mantener determinadas actividades industriales", dijo, y agregó que aunque no existieran obvios beneficios económicos, Italia, por razones morales, debía "acoger a la masa de inmigrantes que la historia nos asigna". También se declaró preocupado ante una reforma federalista impulsada sin ningún debate, con el peligro de aumentar el gasto público y la complejidad administrativa sin mejorar los servicios al ciudadano.