Una idea controvertida

El flujo inmigratorio es, sin duda, uno de los grandes retos de la recién ampliada Unión Europea. Quizás el mayor cuando se constata que cada año intentan la entrada ilegal medio millón de personas -miles de ellos terminan la aventura ahogados- y que unos 400.000 solicitan asilo. La solución no es sencilla. Precisamente por ello los Veinticinco no deberían precipitarse con fórmulas tan controvertidas moral y jurídicamente como la creación de centros de transición fuera de sus fronteras, concretamente en el norte de África, para inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo. El reciente acuerdo alcanzado por los ministros de Justicia e Interior de la UE arroja bastantes dudas, pese a que la mayoría de los países lo respalden. El Reino Unido lo sugirió en 2003. España ha planteado reservas de principio. Varias organizaciones humanitarias lo han criticado ante las lagunas y riesgos que comporta.

Las presiones de Alemania e Italia, los principales promotores, han hecho que al final los demás se hayan sumado a la iniciativa, que arrancará con carácter provisional en los cinco países del norte de África sobre todo para acudir en auxilio de quienes son interceptados en alta mar. Controlados teóricamente y financiados principalmente por la Comisión Europea, estos lugares serán supervisados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Los ministros los han denominado eufemísticamente "puntos de acogida".

Pero, independientemente de las etiquetas, la idea es tan turbadora que exige requisitos que hoy por hoy no se dan en los países magrebíes donde se establecerán. Sólo dos (Argelia y Túnez) han firmado y ratificado la Convención del Refugiado de 1951 de la ONU. Marruecos -que, por otra parte, ha expresado escasos deseos de sumarse al proyecto-, Mauritania y Libia aún no lo han hecho. Trípoli se muestra entusiasta tras asegurarse apoyo financiero y equipamiento militar de Italia. Libia está considerada como uno de los puentes de entrada a Europa de ilegales africanos. Sin embargo, ni allí ni en los demás países norteafricanos hay garantías de que los refugiados temporales disfruten de los estándares sociales mínimos y de una protección efectiva de los derechos humanos.

Sorprende, por último, que el siempre sensato comisario europeo de Interior y Justicia, António Vitorino, se haya sumado a una iniciativa sobre cuya concepción se ha mostrado otras veces reticente. Quizás porque sepa que será muy difícil de aplicar.