El fiscal jefe de Alicante investiga al gobierno de Díaz Alperi

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, que le proporcione información detallada respecto a la adjudicación varias contratas y concesiones de licencias realizadas por diferentes concejalías. El propósito del ministerio público es comprobar si hay o no indicios delictivos en las resoluciones municipales.

El fiscal jefe ha decidido actuar ante la denuncia que le trasladó el grupo municipal socialista y que se limitaba a exponer una retahíla de irregularidades que se echaron en cara los propios ediles del gobierno del PP, divididos entre zaplanistas y campistas. Pese a que la Fiscalía ha cursado ya la petición -todavía no ha llegado al Ayuntamiento de Alicante-, Romeró aclaró ayer: "Que haya pedido información no significa que la denuncia de los socialistas la haya admitido a trámite".

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante presentó el 17 de septiembre en la Fiscalía de la Audiencia un escrito de 18 folios y varios anexos que detallan seis actos "ilícitos y escandalosos"cometidos presuntamente por el gobierno que preside Luis Díaz Alperi. Los socialistas se limitaron a recopilar y trasladar al fiscal una serie de supuestas irregularidades que fueron destapadas por los propios concejales del gobierno local, alineados entre los partidarios del alcalde y los seguidores del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. La decisión este verano de la alcaldesa accidental, Sonia Castedo, de supervisar a la firma Servicios y Sistemas Acuáticos, adjudicataria de una de las contratas efectuadas por el edil de Sanidad y Comercio, Juan Zaragoza, fue la espoleta que desencadenó el enfrentamiento público entre los ediles populares.

Responsabilidad penal

Sin embargo, el fiscal jefe ya declaró que no apreciaba responsabilidad penal en las acciones del gobierno local cuando el portavoz socialista le conminó a investigar de oficio. "Esperamos que el fiscal jefe se gane el sueldo; y si está ocupado, que haga horas extra", le contestó entonces el ya ex secretario general de los socialistas alicantinos, Ángel Franco. Ayer, el portavoz municipal socialista, Blas Bernal, se congratuló de que el fiscal investigue las contratas.

Las supuestas irregularidades se refieren a la licencia de construcción de un tanatorio-crematorio en el barrio de Babel; a la adjudicación de la obra y explotación de unas instalaciones deportivas frente al barrio Juan XXIII; a la denuncia del arquitecto de un centro social sobre presuntas presiones para rebajar las calidades de la obra; a la posible ilegalidad de la adjudicación de la construcción y explotación de un centro de atención gerontológica; a la adjudicación de una obra ya realizada y a las irregularidades en el servicio en la concesión del servicio de salvamento en las playas.