La Fiscalía emplaza a Educación a que tome medidas contra el absentismo escolar
La Junta admite que desconoce el número de escolares que dejan de asistir a clase
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Los padres de seis escolares andaluces de Atención Especial han decidido no volver a llevar a sus hijos al colegio en las últimas semanas porque no estaban de acuerdo con las condiciones en las que se les estaba educando. Cuatro niños de Fiñana (Almería) no han pisado la escuela este curso y otros dos, de Málaga, dejaron de ir el 21 de septiembre. Éstos últimos se incorporarán en los próximos días, tras conseguir los padres que la Consejería de Educación atienda sus reclamaciones.
El absentismo escolar es un problema que el gobierno andaluz ha detectado pero que no cuantifica. En noviembre de 2003 la Junta anunció una partida de 27,8 millones de euros para su prevención, seguimiento y control durante el 2004. Once meses después, Educación no puede precisar a cuántos alumnos afecta en Andalucía.
Mientras los progenitores negocian con Educación, los cuatro niños que restan, esperan en casa. La Fiscalía de Menores considera que existe absentismo desde los cinco días de ausencia sin justificar y advierte que está penado con multas de hasta 3.000 euros o la retirada de la custodia. "Que estos niños necesiten una atención especial no hace diferente el caso, la ley es igual para todos", asegura el Fiscal de Menores de Málaga, Javier García Rut.
La Consejería de Educación ha mantenido varias reuniones con estos padres, pero todavía no han llegado a un acuerdo. Las familias de Almería se quejan de que una monitora del Colegio Público San Sebastián no trata de forma adecuada a sus hijos. "No les cambiaba los pañales y los dejaba solos", cuenta María Hernández, madre uno de los alumnos. Piden a la dirección que les pase por escrito los horarios y actividades de sus hijos, con síndrome de Down e hiperactividad, y edades comprendidas entre los siete y los 12 años. El delegado de Educación en Almería, Francisco Maldonado, ha confirmado la existencia de dos informes diferentes en los que no se detecta anomalía alguna en el colegio, informa María José López Díaz.
En Málaga los padres de dos niños autistas de 7 años denunciaron que el aula del colegio de sus hijos no contaba con instalaciones y personal capacitado. "La clase tenía presupuesto para el 2005-2006, pero no para este año. Era un zulo con muebles viejos", explica Mario Pérez, padre de Adrián. Reclamaban que no disponían de los servicios diario de logopedia, ni de una profesora especializada en autismo. La delegación de Educación, que mantuvo ayer una reunión con los padres, ha atendido sus peticiones y los niños volverán próximamante. Según la Fiscalía, en este tipo de casos es Educación quien debe aclarar con rapidez si los padres tienen razón o no en sus reivindicaciones. Si la situación se prolonga, la Junta y la Fiscalía coinciden en que no hay un tiempo estipulado, tendría que intervenir la Consejería de Bienestar Social, que puede sancionar con 3.000 euros o retirar la custodia.
José Luis Calvo, de la Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña, recuerda que hace ocho años Daniel Rivera, un niño gaditano con síndrome de Down, estuvo ocho meses sin escolarizar. Su padre, Ramón Rivera, se negaba a que lo trasladaran a un centro específico. "Aquello se convirtió en una lucha de poder, en Educación me llegaron a decir que no podían aceptar mi petición porque crearía un precedente", rememora el padre.
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