Un grupo de vecinos de Sevilla crea un servicio de ayuda a inquilinos amenazados por los desahucios

Un grupo de vecinos de Sevilla ha creado un servicio gratuito de asesoramiento a inquilinos amenazados por las iniciativas de desahucios emprendidas por los propietarios de sus viviendas. Según explicaron ayer los responsables de esta unidad, la idea es ofrecer un instrumento complementario a la oficina de atención a los inquilinos, Otainsa, puesta en marcha hace unos meses por la Gerencia de Urbanismo. El nuevo servicio, en el que trabajan un arquitecto, un abogado y un trabajador social, no puede obligar a los dueños a conservar el edificio, pero sí informar y asesorar a los arrendatarios que reciben presiones para abandonar sus viviendas.

El servicio, puesto en marcha por la Plataforma de Inquilinos Amenazados (PIA), funciona los lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 20.00 en la calle Divina Pastora, número 1 (Tf: 658 331 063). Abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre. "Hay casos de inmigrantes, gente joven y muchas personas mayores", asegura José Ignacio Aguilar, miembro de la plataforma. También son muchos los casos en los que el arrendatario se acerca a pedir asesoramiento después de recibir la visita de los llamados asustaviejas, personas que se hacen pasar por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y que instan a los inquilinos a abandonar sus casas por el mal estado del inmueble.

Entre los vecinos asesorados por la PIA se encuentran los arrendatarios del Corral de la Encarnación, uno de los pocos que quedan en el barrio de Triana y el primer edificio declarado por la Junta Bien de Interés Etnológico "por ser un exponente de ámbito de habitación y sociabilidad popular", según la orden de la Consejería de Cultura de marzo de 1995.

De las 22 viviendas del inmueble, construido en 1891, ya sólo quedan nueve habitadas y los propietarios se niegan a realquilar el resto a la espera de que el edificio de quede vacío. Siete de las nueve familias inquilinas han recibido en el último año una demanda de desahucio interpuesta por María Rosa Fernández Jimón, hija del que fue el propietario oficial hasta 1992. Según el registro de la propiedad, ese año, el edificio fue vendido a Inversiones AIRM Sociedad Limitada y el pasado 30 de julio fue comprado por Inmobiliaria Pagés del Corro Sociedad Limitada. Fernández Jimón, que en el registro no consta como propietaria, acusa a los inquilinos de haber habilitado en el interior de sus vivienda un baño y, en algunos casos, una cocina para no tener que usar el aseo común del patio de vecinos.

Agustín, que nació en el corral hace 53 años, asegura que nunca conoció un baño común, sólo dos letrinas que aún siguen en el patio y un lavadero que con el tiempo desapareció. "Nuestras madres nos bañaban con un lebrillo", señala el vecino, quien sostiene que la mayoría de los inquilinos construyeron un aseo dentro de la casa hace más de 40 años y con la autorización del anterior propietario.

Los vecinos y los responsables de la plataforma creen que las nuevas demandas, sobre las que aún no hay sentencia, son sólo una excusa más para intentar dejar vacío el edificio y construir viviendas nuevas.