Papeles del 11-M

Los documentos entregados por el Gobierno a la comisión de investigación sobre el 11-M no dan aval alguno a la hipótesis de una participación directa o indirecta de ETA, indican que la policía no estuvo lejos de detectar que se preparaba un atentado y respaldan la idea de que su financiación no requirió de grandes sumas de dinero. Queda ahora que, con esos datos, los comisionados reorienten su trabajo hacia el objetivo de identificar qué fallos evitables se cometieron y qué iniciativas pueden impedir la eventual repetición de la tragedia.

Buena parte de los documentos habían sido pedidos por el PP con la idea de que sirvieran de apoyo a la teoría que seguía especulando con la participación de ETA. Esa hipótesis, refutada por los hechos, fue reavivada de manera confusa por algunos medios de comunicación y asumida acríticamente por el PP. El atentado habría sido el resultado de una conspiración destinada a provocar el cambio de mayoría política, en la que habrían participado ETA, como colaborador de la célula de islamistas radicales, cómplices de la policía y de la Guardia Civil y servicios secretos extranjeros, especialmente marroquíes. Se trata de una construcción apoyada en unos pocos hechos reales combinados entre sí a voluntad: por ejemplo, se relaciona la presencia en Irak, en marzo de 2003, de un grupo de personas del entorno de Batasuna con la posible participación de ETA en el asesinato, ocho meses después, de siete agentes españoles del CNI.

Los papeles ahora difundidos separan los hechos de las suposiciones, sobre ese punto y otros, como la presencia de radicales vascos en el cerco a Arafat en Ramala, la supuesta presencia de etarras en campos de Al Qaeda en Afganistán, o los esporádicos contactos entre reclusos de ETA y grupos islamistas en las cárceles. Más interés tiene la información sobre seguimientos, controles telefónicos y de inmuebles relacionados con los autores del atentado. Se deduce de los papeles que la policía no estaba tan en la inopia como pudo pensarse, aunque sus investigaciones no culminaron a tiempo por razones que la comisión deberá indagar. En todo caso, resulta sorprendente el aparente interés del PP por acreditar hipótesis de las que saldría más bien malparado: la implicación de ETA (lo que cuestionaría sus indudables éxitos en ese terreno) o la complicidad de sectores del aparato de Estado (cuando era su Gobierno el máximo responsable).

El informe de Europol conocido ayer indica, de otro lado, que no es necesario buscar tras los autores materiales inspiradores o financiadores misteriosos: es perfectamente verosímil que el atentado fuera concebido y realizado por los grupos locales identificados, tal vez con un contacto con Al Qaeda. Para que estos datos permitan despejar pistas falsas y reorientar las tareas de la comisión se necesita otro factor: que los partidos dejen de considerarla una oportunidad para confirmar sus hipótesis previas sobre cuestiones que no son objeto de la investigación. Ese planteamiento explica que el 57% de los españoles considere inútil la tarea de la comisión, según la encuesta publicada aquí el lunes pasado.