Solbes admite que las comunidades complementen las pensiones mínimas

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, admitió ayer que las comunidades autónomas puedan subir las pensiones mínimas siempre y cuando se trate de "complementos menores". Así lo explicó en los pasillos del Senado al ser preguntado por la posibilidad de que las administraciones regionales aprueben subidas de pensiones superiores a las que fije el Estado y tras el anuncio hecho la semana pasada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de que el Gobierno estudia retirar el recurso contra la ley navarra que complementa las pensiones estatales de viudedad.

"Hay que mantener una posición de igualdad de trato por parte del Estado, pero también es cierto que las comunidades autónomas dentro de sus márgenes de maniobra financieros pueden llevar a cabo su propia política, siempre y cuando estemos hablando de complementos menores", dijo Solbes quien añadió que "ése es un punto que lógicamente tendrá que ser decidido por cada comunidad".

Esas declaraciones de Solbes se producen el mismo día en que el Gobierno socialista de Aragón anunciaba su intención de complementar en 2005 las pensiones no contributivas y las asistenciales de los habitantes de esta región y subirlas un 2% adicional a lo ya anunciado por el Gobierno central.

Esta medida es la primera vez que se aplica en Aragón, según explicaron el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, y la consejera de Servicios Sociales, Ana de Salas, y beneficiará a unas 12.000 personas. Los beneficiarios recibirán un paga única adicional a su pensión de 77,36 euros para las pensiones no contributivas y de 42 euros para las asistenciales. El gasto total para las arcas aragonesas se acerca al millón de euros.

Aragón se suma así a otras comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña y Navarra, que ya aplican subidas adicionales a sus pensionistas con menor poder adquisitivo. El Gobierno de José María Aznar puso en marcha una normativa para frenar este tipo de prácticas e incluso recurrió al Tribunal Constitucional contra las subidas acometidas por algunos Gobiernos regionales.