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La mayor renovación de jueces del Supremo enfrenta al Poder Judicial con el Gobierno

La mayoría conservadora pretende aplazar la reforma legal para después de los nombramientos

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto pedir mañana al ministro de Justicia una prórroga para la elaboración del informe sobre el anteproyecto de ley remitido por el Gobierno para reformar el sistema de nombramientos de la cúpula judicial. Justicia pidió dicho informe "con carácter urgente", es decir, en 15 días, pero los vocales propuestos por el PP quieren 15 días más. El retraso en la aprobación de la ley podría impedir que estuviera en vigor a principio de 2005, cuando se decidirá la mayor renovación de jueces en el Supremo de los últimos tiempos.

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El Consejo General del Poder Judicial tendrá que nombrar ocho nuevos magistrados y cuatro de las cinco presidencias de sala del Tribunal Supremo durante el mes de enero. Además tendrá que decidir sobre 12 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. La ley actual permite nombrar estos cargos con mayoría simple. Los vocales conservadores elegidos a propuesta del PP (11 de 21 del Consejo) tienen esa mayoría. Con la modificación legal propuesta por el Gobierno socialista, que pretende aprobarla antes de finalizar el año, los nombramientos necesitan tres quintos del Consejo (13 de 21).

La Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, que se reúne mañana, aprobará por mayoría de tres a dos la petición de una prórroga para emitir el informe preceptivo, pero no vinculante, sobre el anteproyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que exista más consenso en los nombramientos judiciales más importantes. Así lo prevén fuentes de ambos sectores del CGPJ.

La mencionada comisión la preside Adolfo Prego, vocal propuesto por el PP, como otros dos de sus cinco integrantes: Javier Laorden y José Luis Requero. Este último confirmó que se había planteado la petición de prórroga, aunque no era "seguro" que se fuera a pedir.

Los otros dos miembros de la Comisión de Estudios e Informes, propuestos por el PSOE, son el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal Luis Aguiar. Este último manifestó que "una cosa es que lo pidan y otra que el Ministerio de Justicia conceda esa prórroga". Recordó que si Justicia no concede esa prórroga, el informe del CGPJ deberá producirse dentro de los 15 días señalados. En Justicia no se pronunciaron ayer sobre el particular y anunciaron que oficialmente no lo harán "hasta que se produzca la petición formal".

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Según Aguiar, "ante una reforma de tres artículos, cuya parte esencial se contiene en medio folio, es innecesario organizar ese alboroto, salvo que haya segundas intenciones, en concreto la voluntad de retrasar la aplicación de esa ley ante los próximos nombramientos". Aguiar sostiene que "no tiene el más mínimo sentido pedir una prórroga ni de 15 días ni de nada".

"Pequeñita, pero matona"

Preguntado Requero sobre las razones de una prórroga para informar una ley "pequeñita", este vocal contestó: "Pequeñita, pero matona", en referencia a la profunda modificación que significa pasar de una mayoría simple a un mínimo de 13 votos para aprobar los nombramientos. Explicó que "desgranar y razonar la voluntad última de esta reforma y la legitimación de esa mayoría cualificada que se exige tiene su importancia y llevará tiempo". Requero añadió que el Gobierno "no ha explicado las razones por las que pide esa urgencia" y recordó que la comisión tiene pendientes otros dictámenes sobre leyes, como la del uso del idioma propio en determinadas comunidades, la futura Ley del Divorcio y el inminente anteproyecto del matrimonio de los homosexuales.

El Gobierno insiste en "la necesidad y oportunidad" de esta reforma. En un informe remitido al CGPJ, Justicia explica que con la mayoría de tres quintos para los nombramientos judiciales más importantes "se pretende conseguir el máximo consenso, fomentando que los acuerdos de nombramientos se adopten por amplia mayoría".

Ante estas argumentaciones del Gobierno, el vocal Javier Martínez Lázaro, propuesto por el PSOE, señaló: "Puesto que la ley busca el consenso en materia de nombramientos del CGPJ, no estaría mal que nosotros encontráramos también un consenso en el seno del Consejo sobre esta materia, y que los grupos políticos alcanzaran también ese mismo consenso en el Parlamento".

Desde el sector progresista señalaron que anteproyectos de leyes de mucha mayor extensión han sido informados por el Consejo urgentemente, entre ellos la Ley de Partidos y varias reformas del Código Penal. Aguiar señala una extensa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el entonces ministro de Justicia José María Michavila: "El Gobierno no reclamó urgencia, pero la comisión elaboró el informe en 14 días, aunque el pleno tardó más".

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