El Gobierno aprueba una "moderada" reforma del sistema de nombramientos de la cúpula judicial

El Gobierno ha aprobado hoy la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que los nombramientos de la cúpula judicial deben hacerse por una mayoría de tres quintas partes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según informa el Ejecutivo, con esta reforma, que remite al Congreso de los Diputados, se pretende reforzar la legitimación democrática y el pluralismo en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de justicia.

El Gobierno explica que pretende dar respuesta a la preocupación expuesta por una amplia mayoría de los diputados en una proposición no de Ley, en la que se instaba al Gobierno a la adopción de las medidas precisas que refuercen la independencia del Poder Judicial. Entre los objetivos de esta norma están la potenciación del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y que las presidencias de los Tribunales Superiores sean los órganos judiciales en los que culmine la organización judicial de la comunidad autónoma.

El mérito y la capacidad serán las razones esenciales del nombramiento y acceso al Supremo y a las presidencias, explica el Gobierno, que añade que se intenta relegar la aplicación de un sistema de mayorías que perjudica la imagen de la justicia y puede enturbiar su independencia. Con la nueva ley se aplicará esta misma mayoría de tres quintos para elegir a los presidentes de sala y magistrados del Supremo, así como a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que hasta ahora venían siendo nombrados por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

"La mayoría no todo el CGPJ"

El Gobierno recuerda que la mayoría de tres quintos se emplea para nombrar a los magistrados del Constitucional y también se utiliza en el Congreso y en el Senado para elegir a los miembros del CGPJ. El proyecto, además, fortalece la figura del magistrado suplente del Supremo y del Jefe del Servicio de Inspección del CGPJ. El CGPJ remitió al Gobierno un informe, aprobado por la mayoría conservadora, en el que advierte de que esta reforma podría vulnerar la Constitución y "convertirse en una intempestiva intromisión" en sus competencias. En los próximos meses están previstos varios nombramientos, entre ellos numerosos por jubilación, y así, de ahora a finales de enero de 2005, en el Supremo se tendrán que renovar las presidencias de cuatro de las cinco salas que configuran este órgano.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha opinado que la reforma es "moderadísima" y se ha mostrado perpleja ante la "radicalidad" de la posición en contra de la "mayoría conservadora" del CGPJ. "Se me escapa la radicalidad de la reacción frente a una propuesta tan absolutamente moderada como la que ha efectuado el Gobierno, haciendo cumplimiento además a un mandato parlamentario", ha señalado De la Vega en relación a la posible interposición de un conflicto de constitucionalidad.

Al respecto, De la Vega se ha mostrado "absolutamente sorprendida", aunque ha añadido que respeta la postura del CGPJ. En este sentido, la vicepresidenta ha matizado que la postura de "la mayoría no es la posición de todo el CGPJ" y ha recordado que "el Gobierno está actuando en el ejercicio de sus competencias legislativas" y que la reforma no supone "el cambio de ninguna regla de actuación, ni siquiera de las reglas mínimas del juego". La portavoz del Gobierno ha explicado que el proyecto sólo introduce "un elemento de equiparación en la regla del quórum para los nombramientos" y, por ello, ha estimado que el texto "no debería ser motivo ni siquiera de confrontación".