División en el Poder Judicial por el informe contrario al nuevo sistema de nombramientos

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales por mayoría de tres quintos ha provocado una nueva quiebra en el seno del organismo entre los vocales afines al PP y los demás consejeros. El informe, elaborado por tres consejeros de la derecha judicial a espaldas de otros dos miembros de la Comisión de Estudios, tacha de inconstitucional la reforma y proclama que el organismo quedará "herido de muerte". Los vocales propuestos por PSOE, CiU, IU y los jueces no asociados anticiparon que votarán en contra del informe.

El proyecto de informe, de contenido muy beligerante, causó malestar entre los consejeros de la minoría, que expresaron también su preocupación por unas declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba su disposición a bloquear la renovación de las instituciones "si el Gobierno no rectifica en la elección de los cargos del Consejo del Poder Judicial".

La propuesta de informe sobre los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia por mayoría de tres quintos fue ultimada por el ponente, Javier Laorden, y los vocales de la Comisión de Estudios Adolfo Prego y José Luis Requero, y difundido ayer por El Mundo antes de ser conocido por los otros dos integrantes de la comisión, el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal Luis Aguiar, ambos del sector progresista. El informe será debatido hoy en el seno de la Comisión de Estudios, que previsiblemente lo aprobará con los votos de los tres vocales del sector conservador, y será sometido al pleno extraordinario convocado para la tarde del miércoles.

Los vocales propuestos por el PSOE, IU, CiU y el representante de los jueces no asociados, Agustín Azparren, consultados ayer por este periódico, indicaron que el miércoles votarán en contra del texto.

El proyecto de informe elaborado por la mayoría considera, en líneas generales, que la modificación que promueve el Ejecutivo es "disfuncional y superflua", y dejará al órgano de gobierno de los jueces "herido de muerte". "Lo que está en juego es la esencia misma de la función constitucional" atribuida al Consejo, y con ello "el sistema de equilibrios dibujado por la Constitución de 1978", añade el texto.

La propuesta expone que la exigencia de "mayorías desproporcionadas" puede favorecer la formación de "minorías de bloqueo que, de optar por una proyección sectaria e irreductible de sus pretensiones, puede llegar a perturbar gravemente el desenvolvimiento normal del CGPJ".

El informe estima que la reforma podría vulnerar el artículo 122.2 de la Constitución "al oponer un obstáculo desproporcionado e injustificado al ejercicio de una de las competencias que la Constitución atribuye al Consejo, como es la de nombramiento de cargos judiciales".

También considera infringido el artículo 9.3 de la Constitución, pues "se estaría trastornando, al menos en materia de nombramientos discrecionales, el equilibrio de fuerzas que el Parlamento imprimió al actual Consejo en el momento de su constitución".

Por ello, augura una "era de inestabilidad" en el organismo, ya que "será posible abrir una brecha en el blindaje institucional del Consejo que le puede dejar a merced de luchas estrictamente sectarias o partidistas".

Luis Aguiar, vocal propuesto por el PSOE, se quejó de la "falta de sentido institucional" de los vocales conservadores, ya que cuando en la tarde del sábado pidió que le remitieran el texto por correo electrónico por encontrarse fuera de Madrid le dijeron que sólo disponían del informe en papel. "Se reúnen los tres de la mayoría, deliberan y se lo dan a un medio de comunicación y no a nosotros", resumió. Aguiar explicó que, frente a la interpretación del sector conservador, la iniciativa aprobada por el Congreso y recogida por el Ejecutivo es "indudable e impecablemente constitucional sin duda alguna".

El vocal progresista añadió que cuando el PP, en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, modificó el mecanismo del quórum para evitar el bloqueo del pleno por las minorías, "no se quejaron lo más mínimo y éso no les pareció inconstitucional".