El sector conservador del Poder Judicial estudia plantear un conflicto constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por 11 votos a favor, 8 en contra y una abstención el informe contrario al anteproyecto gubernamental que exige que los magistrados de la cúpula judicial se designen por al menos 13 de los 21 miembros del Consejo. La mayoría conservadora llegó a barajar internamente la presentación de un conflicto constitucional contra el Parlamento cuando la ley sea publicada. La minoría avaló la reforma en un voto particular en el que recuerda a los conservadores que no se opusieron a las modificaciones del PP.

Votaron a favor del informe elaborado por el vocal conservador Javier Laorden los 10 vocales propuestos por el PP y el presidente, Francisco Hernando. En contra se pronunciaron los seis consejeros propuestos por el PSOE y los dos propuestos respectivamente por IU y CiU. Se abstuvo Agustín Azparren, vocal designado por consenso entre el PP y el PSOE.

Al término del Pleno del Consejo, su portavoz, Enrique López, vocal propuesto por el PP, manifestó que "se ha barajado la posibilidad de entablar un conflicto entre órganos constitucionales". López reconoció que se trataba sólo de una posibilidad, pero que habría que aguardar a que la ley estuviera en vigor. Luis Aguiar, propuesto por el PSOE, aseguró que el Pleno no se ocupó de esa hipótesis y que sólo la había oído en ese momento. López precisó a preguntas de este periódico que se había barajado internamente entre los vocales propuestos por el PP, pero que aún quedaba mucho tiempo para estudiarlo.

El portavoz indicó que, en su caso, sería del CGPJ contra el Parlamento como el entablado en 1985 a raíz de que el Gobierno socialista introdujese en la ley orgánica del Poder Judicial la elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo que hasta entonces elegían los propios jueces. El Tribunal Constitucional falló a favor de la constitucionalidad de la ley.

El informe auspiciado por la mayoría conservadora del CGPJ estima que la exigencia de mayoría cualificada es adecuada para la composición de determinados órganos constitucionales, como expresión del pluralismo social. Sin embargo, aún cuando reconoce "la amplia potestad de configuración normativa que la Constitución reconoce al Poder Legislativo en la regulación de las funciones de gobierno del CGPJ", el informe argumenta que, una vez constituido el Consejo, "carece de sentido que la formación de la voluntad del órgano (...) se someta (...) a un régimen de mayorías cualificadas para el desempeño de sus atribuciones ordinarias, concernientes a la política de nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial".

La mayoría conservadora advierte que un "consenso obligatorio o forzado" puede desencadenar "severas disfunciones en el ejercicio de las potestades propias del Pleno" e incluso favorecer "la formación de minorías de bloqueo que, de optar por una proyección sectaria o irreductible de sus posiciones, puede llegar a perturbar gravemente el desenvolvimiento normal del órgano".

El informe niega que la reforma legislativa favorezca la independencia judicial y acusa a la iniciativa gubernamental de arrojar "la sombra de la duda" sobre el CGPJ, por lo que "es un órgano herido de muerte".

La mayoría del CGPJ niega capacidad al poder legislativo para esta reforma, por considerar que se trataría de una "intempestiva intromisión en el ámbito de ejercicio ordinario de las funciones del actual Consejo, al modificar de manera sobrevenida (...) el sistema de toma de decisiones, con alteración del equilibrio de fuerzas que el mismo Poder Legislativo había establecido".

En igual línea, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, informó ayer que, con toda probabilidad, su grupo presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del sistema de elección de algunos magistrados por parte del CGPJ.

En cambio, el voto particular elaborado por Luis Aguiar, uno de los vocales propuestos por el PSOE, critica la argumentación jurídica "extraordinarimente débil" del informe, que concluye, dice, con "una vaga imputación de inconstitucionalidad", para la que recuerda que no es de su competencia.

La minoría invoca la amplia potestad que la Constitución otorga al legislador en relación con las funciones del Consejo, como reconoce la propia mayoría, y recuerda a los conservadores que cuando en 2003 el PP modificó el número de vocales necesarios para constituir el Pleno o el sistema de nombramiento de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional no efectuaron "imputaciones de inconstitucionalidad respecto a dicha reforma".