Inmigración: oportunidad o dilema

El número de inmigrantes empadronado en la Comunidad de Madrid alcanzó en enero del presente año la cifra de más de 735.000 personas. Desde el año 2000, la media de inmigrantes que cada año se incorporan a nuestra sociedad es de más de 150.000 personas, uno de cada cuatro inmigrantes que llegan a España.

Más de 380.000 se encuentran en situación irregular. No tienen papeles, pero son personas que viven en Madrid, que trabajan en Madrid, que no tienen contrato de trabajo. Pagan impuestos indirectos cada vez que consumen, aunque sus empresarios no cotizan a la Seguridad Social, que no pagan IRPF.

Sus hijos estudian en los colegios públicos. Si están enfermos acuden a consulta médica. Viven en muchos casos, hacinados en viviendas. Compran en el supermercado. Adquieren una vivienda, un coche. Viajan en los transportes públicos. Son víctimas del terrorismo, el 11-M, en Atocha, El Pozo, Santa Eugenia.Son trabajadores, como nosotros, son uno de los nuestros.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Madrid en el primer trimestre del presente año era levemente superior a las 220.000 personas, el 8,51% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En regímenes como el de Trabajadores del Hogar, el porcentaje de inmigrantes alcanza el 64%.

Las personas inmigrantes en Madrid suponen un porcentaje similar, o incluso inferior al de otras capitales europeas. La peculiaridad de Madrid es que en muy pocos años hemos pasado de un 3% al 12,3% actual, lo cual ha producido cambios importantes que estamos en proceso de asimilar. Algunos empresarios han aprovechado su presencia para obtener beneficios utilizando el empleo sumergido de los trabajadores inmigrantes.

El nuevo Gobierno socialista parece que quiere afrontar esta situación, para normalizarla y aplicar políticas que respondan a la realidad. Se ha anunciado la puesta en marcha del Reglamento de la Ley de Extranjería, para proceder a la regularización de los trabajadores extranjeros, vinculándola al contrato de trabajo.

No sé si la voluntad manifestada por el Gobierno llegará a buen puerto y cumplirá todos sus objetivos. No sé si concitará todos los consensos políticos y sociales, pero en Comisiones Obreras valoramos en lo que vale que un Gobierno se aplique a gobernar desde el diálogo con la sociedad y nuestra participación en la Mesa de Diálogo Social estará marcada por la propuesta rigurosa y la voluntad de acuerdo.

En este contexto no es explicable que el líder de la oposición manifieste que las propuestas del Gobierno son una invitación a la inmigración ilegal, porque las cifras cantan y con las sucesivas reformas sin consenso de la Ley de Extranjería del anterior Gobierno del PP la realidad es que el número de inmigrantes en Madrid se ha multiplicado por cuatro desde el año 2000.

El efecto llamada no se frena mediante leyes muy duras sobre el papel, sino que lo fomenta una permisividad absoluta con respecto al trabajo sumergido. El famoso sistema de contingente de trabajadores extranjeros que pretendía regular el flujo migratorio ha sido un fracaso rotundo. Los empresarios madrileños ofrecieron la ridícula cantidad de 2.048 ofertas para 2004, de las que sólo se han cubierto 649 contratos.

No es extraño que el presidente de la patronal madrileña manifieste al delegado del Gobierno en Madrid que no está preocupado por el nuevo reglamento porque se ha emprendido el buen camino, el de la normalización.

La inmigración es una realidad que produce cambios inevitables. De todos depende que sea una oportunidad y no un nuevo problema. Por el camino habrá que ajustar el texto del borrador de reglamento para evitar que el empresario se convierta en el amo de las llaves del acceso a la regularización.

Cualquier política migratoria requiere de otras medidas. Habrá que reforzar los servicios de inspección, infradotados en Madrid, para perseguir el trabajo irregular y la economía sumergida. Habrá que dotarse de medios policiales para combatir las mafias organizadas y el tráfico de personas. Habrá que poner en marcha planes de integración laboral y social de las personas inmigrantes en el Estado, la comunidad autónoma y los municipios. Habrá que reforzar el sistema educativo y el sanitario para atender esta nueva realidad sin merma de la calidad de los servicios públicos.

Muchas de estas cosas no dependen exclusivamente del Estado, porque forman parte de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Estamos, por tanto, ante un asunto de Estado que requiere que las administraciones, las fuerzas políticas y sociales actuemos conjuntamente. Estamos ante una de esas políticas en las que es más útil dar dos pasos desde el mayor acuerdo posible que dar diez pasos desde la discrepancia.

El Gobierno ha dado un paso. De todos depende ahora aceptar la oportunidad y andar el camino o permitir que la realidad se transforme en problema y campo de batalla.

Javier López Martín es secretario general CC OO-Madrid.