La fiscalía abre una investigación sobre la reforma urbanística de Terres Cavades

El fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, ha pedido al Ayuntamiento de Tarragona y a la Generalitat toda la documentación disponible de la tramitación del proyecto Terres Cavades, la mayor reforma urbanística de la ciudad que derivó también en la mayor crisis política de los últimos años.

El concejal de Urbanismo, Àngel Fernández, se vio obligado a dimitir tras conocerse su participación económica y la de su hermano en la empresa que tenía previsto construir las 4.872 viviendas proyectadas. De todas formas, Parra aseguró que, de momento, únicamente dispone de la información publicada por los medios de comunicación y, por tanto, no puede ni siquiera "determinar el sujeto pasivo de la investigación". El fiscal jefe, por otra parte, admitió que el caso "está en la frontera de la legalidad y la ilegalidad".

Por ahora, la única aportación jurídica en el caso la realizó el propio Ayuntamiento, a través de un informe que eximió a Fernández de cualquier responsabilidad al entender que el "interés general" del proyecto justificaba su participación en las votaciones del pleno municipal que a`probó el proyecto. Sin embargo, este informe se hizo antes de conocerse la participación directa del ex concejal en la sociedad promotora. La vía judicial también está abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, instancia a la que recurrió el grupo municipal de Esquerra Republicana través de un contencioso administrativo.

El último episodio tuvo lugar la semana pasada, cuando se publicó que el senador de CiU Lluís Badia adquirió en 1993 una finca en Terres Cavades por 360.000 euros y que la vendió diez años después por 4,4 millones de euros, Badia mantiene que, en ningún caso, se aprovechó de información privilegiada para realizar la compraventa.