PP, CiU y PNV piden que las condenas no distingan entre sexos

Casi todo el arco parlamentario, con la excepción del PSOE, solicitará la supresión del proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género de delitos específicos de maltrato en función del sexo de los sujetos activos y pasivos, a través de las enmiendas parciales al texto, cuyo plazo de presentación concluía ayer.

Los grupos parlamentarios han planteado más de 400 enmiendas de adición, modificación y supresión, que abarcan desde aspectos educativos para prevenir este tipo de violencia hasta el papel de los medios de comunicación en la difusión de los valores de igualdad entre hombres y mujeres.

El PP es el partido al que corresponde mayor número de enmiendas, 101. Sus dos principales modificaciones piden que la ley recoja expresamente a los menores como víctimas directas de este maltrato y que se agraven las penas sin distinguir el sexo del sujeto activo o pasivo. PNV y CiU también recogen en sus enmiendas que no se haga distinción de sexo a la hora de condenar al agresor, aunque con matices distintos.

Protección a los menores. La inclusión de los menores como objetos directos de protección, y no sólo como víctimas indirectas de la violencia contra la mujer. Ana Torme, portavoz adjunta del Grupo parlamentario popular y Susana Camarero, portavoz en la Comisión Mixta de la Mujer consideraron "una de las omisiones más flagrantes" del anteproyecto socialista no tener presente que los niños pueden llegar a ser víctimas inmediatas de maltrato.

Agravar las penas. El propósito de agravar las penas a todos los supuestos de violencia de género sin distinción de sexo. Las representantes populares calificaron el anteproyecto socialista de "sumamente genérico", "impreciso" y "carente de medidas". Pero descartaron la enmienda a la totalidad y optaron por blindar el proyecto con un centenar de propuestas. "En la lucha contra la violencia de género cualquier paso que se dé", afirmaron, "merece ser respaldado".

Plan de seguridad. Las representantes populares hicieron hincapié en que en el maltrato doméstico se produce una espiral que se inicia "con amenazas leves y concluye con un asesinato". Para atajar este "crecimiento del riesgo", los populares proponen un Plan de seguridad personal coordinado por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Las víctimas contarán como interlocutor con un agente de seguridad personal que evaluará su nivel de riesgo:

Primer nivel de riesgo. En un primer nivel se pondrá a su disposición medios electrónicos de seguimiento y alarma.

Riesgo elevado. Servicio de vigilancia intermitente del domicilio de la víctima y de su su lugar de trabajo.

Riesgo especial. Protección policial permanente de la víctima, de los menores a su cargo y de sus ascendientes.

Este plan de evaluación de riesgos de la víctima, deberá ser aprobado y elaborado en el plazo máximo de diez días.

- CiU. Ha presentado 55 enmiendas y, ante la polémica tipificación de las conductas apuesta por fijar una agravante genérica en el Código Pena, de modo que se impongan penas más altas cuando el agresor tenga motivos "sexistas" o persiga "el sometimiento o la dominación".

- PNV. Ha presentado 55 enmiendas y también rechaza la diferente tipificación penal cuando el autor del delito sea un hombre y la víctima una mujer con el fin de no violar la Constitución y apuesta por una agravante genérica relacionada con el "abuso de superioridad" o con el deseo de crear un clima de terror y someter y humillar ala persona agraviada". Tampoco está de acuerdo este grupo con que coacciones y amenazas leves pasen a ser delitos puesto que, dice, "la elevación de la respuesta penal no se traduce en evitación de las conductas y lo excesivo del castigo conduce a absoluciones", y respecto a los juzgados de violencia de género propone que abarquen tanto los casos de las mujeres víctimas como los de sus hijos.