Familiares de discapacitados denuncian el cierre de los centros en agosto y la falta de alternativas en condiciones

Las 950 plazas con que cuentan los centros del Instituto Valenciano de Discapacitados (Invadis) cierran sus puertas durante el mes de agosto, de forma que las personas discapacitadas se quedan sin atención especializada. El problema, según señalan los familiares que integran la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Valencia (Asprodis), no es sólo que únicamente queden 60 plazas de guardia para todo el mes "y eso después de luchar mucho porque antes no se abría ninguna", sino que las alternativas que ofrece la Consejería de Bienestar Social, de quien depende el Ivadis, son insuficientes y no reúnen el mínimo de condiciones para atender a estos pacientes.

Juan Quevedo, presidente, y Joaquín Vidal, vocal de la asociación, se lamentan de que todos los veranos se plantee el mismo problema con la atención a las personas con discapacidad psíquica que residen en estos centros. "En lugar de escalonar las vacaciones la consejería prefiere cerrarlas", critican. La alternativa que se les ofrece desde Bienestar Social "es lo que ellos llaman campamentos de verano", apunta Vidal. Durante 15 días, la consejería subvenciona estancias en residencias de otras provincias valencianas o granjas escuela en las que, como los técnicos están de vacaciones, se acude a voluntarios para cuidar a los discapacitados -afectados de parálisis cerebral, autismo y diversos desórdenes-.

Al margen de los problemas que se presentan en los centros que no están adaptados a la movilidad reducida de estas personas, el principal obstáculo que destaca esta asociación es la falta de personal cualificado. "Respetamos muchísimo el trabajo de los voluntarios, pero no es lo mismo", destaca Quevedo. Por un lado, se encargan de la medicación de estas personas -algunos toman una decena de pastillas diarias, fundamentalmente sedantes y antiepilépticos- sin conocimientos farmacológicos. Pero además, no son capaces de ofrecerles la atención especializada de fisioterapeutas, logopedas y del resto del personal que les atiendo habitualmente, por lo que "al volver a los centros los técnicos se lamentan del retroceso que sufren en verano". Además, Bienestar Social subvenciona sólo 15 días en agosto, a un coste de 280 euros la quincena, por lo que para la segunda, las familias han de abonar 662 euros. Para la asociación, la solución pasaría por repartir las vacaciones de los profesionales, de forma que las vacantes fueran ocupadas por sustituciones o incluso voluntarios que siempre estarían supervisados por profesionales.

Bienestar Social sostiene que los especialistas de la consejería entienden que es beneficioso el cambio de entorno que se produce durante agosto, por lo que recomiendan los campamentos en centros distintos en verano.