"Los astilleros están al borde de la quiebra"

El Gobierno socialista afronta la enésima reconversión de la industria naval y es Enrique Martínez Robles el encargado de llevarla a cabo. No ve otra solución que volver a separar los astilleros civiles de los militares, ahora integrados en Izar, y luego proceder a su venta. La decisión ha originado virulentas protestas de los 10.800 trabajadores de las 10 plantas, de los que cree que no hacen planteamientos realistas, mientras acusa al PP de irresponsable y de dejar la empresa al borde la quiebra.

"Segregar y dar entrada al capital privado es justamente preservar el futuro del sector"

"Aun sin tener que devolver las ayudas públicas, la empresa iría a la quiebra"

Enrique Martínez Robles (Linares, Jaén, 1944) llegó a la presidencia de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) llamado por el ministro de Economía, Pedro Solbes, con el que fue secretario de Estado de Hacienda en el anterior Gobierno socialista y del que goza la máxima confianza. Como si fuera una premonición, se encontró un despacho repleto de cuadros sobre barcos. Sabía este inspector de Hacienda que las cosas en el grupo industrial, mermado de efectivos tras la venta de las principales empresas públicas, no estaban nada fáciles: astilleros, minería, RTVE..., y que la crisis naval había que abordarla inmediatamente. Una herencia envenenada que él no duda en calificar de mala gestión y de irresponsabilidad por parte del PP. Tiene el gran reto de resolver el problema y la convicción de que no hay otra salida que segregar astilleros militares de civiles (como estaban antes) y de vender estos últimos. Si no, la quiebra, porque, entre otras cosas, la empresa debe devolver ayudas recibidas durante los Gobiernos del PP de casi 1.200 millones de euros, cuando los recursos propios que tiene son de 270 millones.

Pregunta. ¿Sabía que el calado del problema de Izar era tan profundo al llegar a la SEPI?

Respuesta. Sabía que la situación era complicada, pero no el grado de intensidad del problema.

P. ¿Qué es lo que más le sorprendió de la situación?

R. La dejadez de los responsables anteriores de la compañía y, sobre todo, el escaso margen que dejaron para buscar soluciones para el futuro.

P. ¿Considera que la fusión realizada en 2000 entre los astilleros militares (Bazán) y los civiles (Aesa) fue un error?

R. Sí, lo fue. Estamos analizando la situación cuatro años después, pero los datos son claros. La fusión con los astilleros militares no consiguió ninguna mejora para los civiles, como se pretendía. La complementariedad no se ha producido y los militares no han podido suplir el déficit de los civiles. Se partía de unos presupuestos falsos y se ha ampliado el problema también a la construcción militar.

P. Entonces, ¿qué pretensiones cree que tenían los anteriores gestores con esa integración?

R. Me parece que la finalidad que perseguían era aportar recursos a los astilleros civiles burlando el marco comunitario. Creo que ése era el objetivo perseguido.

P. ¿Qué piensa cuando oye ahora a los representantes del PP criticarles sobre la crisis de Izar, incluido el ex ministro de Economía, Rodrigo Rato?

R. La posición del PP sobre Izar es absolutamente irresponsable, aunque es muy congruente con la que tenían cuando estuvieron a su frente. Hicieron una gestión empresarial y política irresponsable, no afrontaron el problema de viabilidad, utilizaron mecanismos ilegales al autorizar ayudas públicas y, ahora, siguen siendo irresponsables al demandar soluciones que ellos saben que no son posibles desde la legalidad comunitaria.

P. ¿Cómo se sintió cuando oyó decir a Rodríguez Zapatero que ningún trabajador de astilleros quedaría sin trabajo? ¿No era contradictorio con sus propuestas?

R. No es contradictorio. Yo desde el principio expliqué que el objetivo del plan es salvar el futuro de los astilleros. El hecho de segregar y dar entrada a la iniciativa privada, justamente es preservar el futuro del sector, como opina el presidente del Gobierno. Y es que nosotros creemos más en el futuro del sector que la oposición. El PP considera que los astilleros civiles no pueden ser rentables y que, por eso, deben permanecer integrados con los militares.

P. ¿Qué excedente de empleo hay en estos momentos en Izar?

R. Tenemos estudios sobre la evolución de la plantilla, pero creo que en estos momentos no es oportuno concretar datos antes de ponerlos sobre la mesa de negociación. Parece claro que la empresa tiene excedente de plantilla. En todo caso, cualquier decisión será negociada y ningún trabajador de la empresa va a quedar abandonado a su suerte.

P. Pero el plan que ustedes proponen es políticamente duro de mantener.

R. Desde que llegamos, en mayo pasado, estudiamos las posibles salidas, que no eran muchas, y siempre dentro de la legalidad comunitaria. No podemos seguir buscando salidas en falso. El PP, desde 1998, tenía tiempo de buscar soluciones económicas y no lo ha hecho. Por eso, la empresa se ha descapitalizado y se encuentra en la actual situación, al borde de la quiebra.

P. ¿Tan grave es la situación para que sea tan urgente tomar medidas y no se pueda buscar otras vías de solución?

R. La situación es muy grave y nuestra obligación es ser responsables y exponerla tal cual es para que las partes implicadas sean conscientes de lo que nos jugamos. La crisis es tan grave que, en cuanto la Comisión Europea nos notifique fehacientemente la primera resolución sobre ayudas ilegales por 376 millones de euros, hay que comenzar los trámites para disolver la empresa. Pero es que, además, aunque no se tuvieran que devolver esas ayudas públicas, la capacidad económica de la empresa no puede evitar su quiebra.

P. ¿Cree que los sindicatos son conscientes de esa gravedad? ¿Cómo valora su reacción actual?

R. Estoy seguro de que los sindicatos son conscientes de la gravedad de la crisis. Sobre su reacción, no me corresponde a mí valorarla. Creo que sus planteamientos no son realistas, les falta rigor. En las reuniones que hemos mantenido, ellos quieren que la empresa siga como está. Que siga de forma global en manos públicas, y eso no puede ser porque sería volver a engañarnos. No podemos permanecer sin hacer nada.

P. ¿Ve factible que se logre un acuerdo con los sindicatos, tal y como ha sucedido en otros procesos de reconversión anteriores?

R. Estoy seguro de que vamos a alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Ellos mantienen su estrategia, pero creo que las posturas irán acercándose con el paso de las reuniones.

P. Pero parece que no van a variar un ápice su rechazo a la segregación y a dar mayoría al capital privado.

R. Es una propuesta a negociar. Yo estoy dispuesto a aceptar cualquier otra propuesta que, dentro del marco legal de la Unión Europea, resuelva al futuro de la empresa. De hecho, en la última reunión ha surgido una vía interesante, que es la de aglutinar todos los astilleros civiles en una sola empresa y dar entrada en ella al capital privado. Esto demuestra que de la negociación pueden salir soluciones que tienen encaje en el planteamiento de las dos partes.

P. ¿No le parece complicado que el capital privado entre en un negocio que no gana dinero? ¿Habrá que abordar antes un ajuste?

R. No es tanto un ajuste como diseñar planes industriales que les hagan compatibles con los mercados en los que operan, ya que en los últimos ocho años han perdido el pulso de los mercados y, por ello, hay que dotarse de planes industriales que les devuelvan la competitividad.

P. Se ha hablado de posibles ofertas por algunos centros.

R. Hemos recibido varias propuestas de compra. Estas ventas, cuando se aborden en su día, deben hacerse con los requisitos con los que se han privatizado las empresas de la SEPI, es decir, con los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia.

P. ¿Y eso es lo que van a explicar a los sindicatos el día 23?

R. Se trata de ir estudiando centro por centro y marcar sus objetivos de mercados, de ventas, de gestión comercial, de compras, de investigación y desarrollo para dar sentido comercial y de viabilidad a cada astillero.

P. Los sindicatos aducen que no han sido duros ante Bruselas y señalan el caso de Alstom para demostrar que se puede negociar.

R. Eso no es cierto. Hemos negociado y seguiremos negociando. La situación en la que está Alstom ahora es la que tuvo Izar en 1997. Pero el Gobierno del PP no hizo caso de las condiciones que le impuso la UE. A la empresa francesa se le han impuesto unas condiciones ahora, y dentro de unos años veremos si las han cumplido. Además, los sindicatos dicen que era mejor recurrir las ayudas. Tengo que decir que eso no evita que el expediente siga adelante y, al ser ejecutivo, habría que presentar igualmente la quiebra en cuanto se comunique.

P. ¿No cree que Bruselas ha sido poco exigente a la hora de denunciar ante la OMC las prácticas ilegales de fabricación de barcos con ayudas públicas en Corea?

R. La Unión Europea ha denunciado a Corea ante la OMC. Pero, a su vez, Corea ha planteado una queja ante el mismo organismo por la posible existencia de ayudas públicas a la construcción naval sobre la base del código compartido. En todo caso, esto no nos arregla el problema urgente que tenemos en España con Izar en estos momentos.

P. La crisis de los astilleros oculta otro gran problema que tiene usted: sanear RTVE. ¿Cómo piensa abordarlo?

R. En este asunto estamos pendientes del dictamen que elabora actualmente el comité de sabios. Cuando se disponga de ese informe, que marcará el modelo de televisión futura, podremos añadir más datos. Para el año que viene se ha aprobado un presupuesto continuista, como no podía ser de otra manera.

P. ¿Y Hunosa?, ¿cómo va la petición de información por parte de la UE?

R. Su futuro está en función de las explotaciones que sean consideradas reservas estratégicas de carbón y que serán las que permanezcan más allá del 2007. Sobre esta cuestión, Hunosa tendrá que elaborar un plan que presentará a las autoridades españolas y luego a las autoridades comunitarias. El nuevo Gobierno se encontró con un requerimiento de la Comisión para conocer si el plan 2002-2005 se ajustaba o no al Reglamento de la UE, que se está negociando con la Comisión Europea, y que esperamos se resuelva positivamente en breve.