Justicia subraya que los divorcios que puedan resolverse en diez días serán una minoría

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, estimó ayer que hará falta un mínimo de dos meses para la mayoría de los divorcios de mutuo acuerdo con la reforma aprobada el viernes por el Gobierno. Aunque resolver el proceso en 10 o 15 días será técnicamente posible en los casos de mutuo acuerdo cuando se pongan en marcha los juicios rápidos, en la práctica, dijo, sólo una minoría podrá acogerse a esta vía.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, subrayó ayer en Las Palmas que la reforma del divorcio no fijará un plazo para las resoluciones y estimó que será necesario un mínimo de dos meses para resolver la mayoría de los casos de mutuo acuerdo. López Aguilar explicó que, aunque resolver los casos en 10 o 15 días será técnicamente posible cuando se pongan en marcha los juicios rápidos, en la práctica, esta vía exige condiciones a los solicitantes (que la pareja que se separa lo haga de mutuo acuerdo, no tenga bienes patrimoniales, ni hijos), que reúnen sólo una minoría de los casos. Ello y las condiciones relacionadas con el funcionamiento de los juzgados, hacen que la estimación más "realista y razonable" se de tres meses o incluso dos para la mayoría de los casos.

El ministro explicó así que la información dada el viernes, tras el Consejo de Ministros que aprobó la reforma de la ley del divorcio, y que aseguraba que los procesos de mutuo acuerdo podrían resolverse en diez días, sólo se refería a los casos que puedan emprender la vía de los juicios rápidos.

Coladero de inmigrantes

La nueva ley del divorcio suscitó ayer la advertencia de la portavoz del PP en la Comision de Migraciones de la Federacion Española de Municipios y Provincias (FEMP), Esperanza Ruiz, quien cree que la reforma podría convertirse en un "nuevo coladero" de inmigrantes ilegales. Ruiz, favorable a un cambio que simplifique y agilice los trámites de divorcio y separación "innecesariamente largos", pidió al Gobierno que establezca "estrictos controles" para que las mafias no conviertan la nueva ley en un instrumento para facilitar su tráfico humano.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, también cree que la nueva ley favorecerá la intervención de mafias que trafican con la inmigración ilegal, según reiteró ayer, y rechazó la reforma porque eliminar la necesidad de pasar por la separación es algo "de lo más insensato".

Frente a ello, la directora general de Registros Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones, dijo que en España, desde hace más de diez años, el matrimonio por sí mismo "no es causa suficiente para adquirir la nacionalidad española".

Además, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, se mostró ayer favorable a la custodia compartida contemplada en la reforma siempre que sea entendida como un "reparto de responsabilidades y cuidado compartido" y alabó el intento de acabar con el "automatismo" por el que se suele conceder la custodia de los hijos a la madre.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, también consideró ayer "favorable" la custodia compartida de los hijos.