El tiovivo de las tarifas

Ni en el Gobierno argentino se ponen de acuerdo sobre cómo convenir nuevos contratos con las empresas de servicios públicos privatizados. La mayoría de estas compañías lleva dos años y nueve meses esperando una solución. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, que se ha convertido en el ariete de la recuperación, se ha enfrentado esta semana públicamente con quien lleva las negociaciones con las privatizadas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, un fiel colaborador del presidente Néstor Kirchner.

El proyecto de Kirchner elimina los ajustes periódicos y determina que las tarifas sólo podrán subir cuando se encarezcan los costes

Las compañías -de capital español, francés, italiano, estadounidense, británico y argentino- se quejan desde que en 2002 se sucedieron la megadevaluación del peso, la desdolarización y congelación de las tarifas y la necesidad de reestructurar sus deudas nominadas en la moneda norteamericana. Su clamor por subidas de tarifas, en un país con la mitad de la población pobre y que está saliendo de una de sus peores crisis, ha sido repetido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus periódicas discusiones con los responsables políticos de Buenos Aires.

Dos sectores excluidos de la categoría de servicios públicos, las productoras de gas, entre ellas Repsol YPF, y las generadoras de electricidad, incluida Endesa, han sido las únicas beneficiadas por aumentos de tarifas: un primero a principios de año y el último este mes en el caso de las eléctricas y el próximo en el de las de gas. Algunas concesionarias de carreteras han conseguido firmar nuevos contratos, mientras que Aguas Argentinas -controlada por la francesa Suez y participada por Aguas de Barcelona (Agbar)-, Telefónica y Telecom Argentina -propiedad de Telecom Italia y el grupo local Werthein- han sellado acuerdos transitorios hasta diciembre próximo.

"No nos parece que esté funcionando adecuadamente el tema de las renegociaciones y demás", manifestó el lunes Lavagna en una conferencia de prensa. "Los resultados están a la vista", comentó el ministro de Economía, con aspiraciones de postularse a presidente en 2007, según comenta hasta el diario económico británico Financial Times. Lavagna le propuso a Kirchner, con quien mantiene una relación de mutua conveniencia y respeto, que disolviera la Unidad de Renegociación (Uniren) de los 60 contratos de servicios públicos, que está presidida por el propio ministro de Economía y su par de Planificación, y que dejara la discusión con las empresas en manos de las secretarías de Energía, Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras que están bajo el control de De Vido.

"Percibimos que hay otras formas de hacerlo y Economía no tiene ningún problema en sugerir su propio retiro y dejar que las áreas más técnicas se hagan cargo del tema", agregó Lavagna. Llamados al orden por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los ministros no profundizaron sus diferencias públicas y De Vido se limitó a decir que la Uniren sigue vigente, con los representantes del ministro Lavagna incluidos.

Alza de tarifas

Menos de un tercio de los contratos se ha cerrado, pese a que Argentina había prometido al FMI que la mayoría estaría definido en junio último. En diciembre deberían rubricarse todos. De Vido y su equipo se han enfrentado con las privatizadas porque el Gobierno quiere reducir a mínimos las alzas de tarifas, ha preferido firmar acuerdos transitorios y ha exigido fuertes inversiones o cánones a las concesiones, todo en desacuerdo con las pretensiones del sector privado.

Una alta fuente del Ministerio de Planificación explica el retraso de las negociaciones porque forman parte de la discusión con el FMI: "Si el Gobierno acepta subir tarifas estaría cediendo ante el Fondo, y eso no lo quiere hacer gratis, sin nada a cambio". Argentina ha venido peleando con el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, sobre todo por la reestructuración de la mitad de la deuda pública que se dejó de pagar en diciembre de 2001. Mientras tanto, el director de una empresa de energía asegura que la Uniren nunca funcionó, ni siquiera en su primer año y medio de vida, cuando el presidente argentino era Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Lavagna.

Otro de los puntos de discordia radica en el proyecto de ley de regulación general de los servicios públicos que el Gobierno presentó a fines del mes pasado. Pese a contar con la firma de Lavagna, el ministro de Economía no ocultó sus objeciones en una reciente reunión que mantuvo en Buenos Aires con Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica del español palacio de la Moncloa.

La propuesta del Gobierno de Kirchner, asesorado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las asociaciones de consumidores, no por las empresas, elimina los periódicos ajustes de tarifas que regían hasta 2002 y determina que sólo podrán subir en la medida en que se encarezcan los costes. Establece que los precios deben resultar "justos y razonables, dentro del marco del riesgo empresarial, permitiendo al prestador una rentabilidad razonable".

Servicio solidario

La iniciativa estipula que los márgenes de los operadores no deben superar los de otras actividades ni los de compañías similares de otros países. Entre 1993 y 2001, la rentabilidad media de las privatizadas alcanzó el 9,7%, frente a un 3,6% del conjunto de la economía argentina, según investigadores de FLACSO.

El proyecto de ley pretende asegurar un "servicio solidario y universal". Para ello, establece que los indigentes -alrededor de un cuarto de los 37 millones de argentinos- que no puedan pagar las tarifas recibirán gratis unas prestaciones que le permitan la subsistencia. La subvención será pagada por el Estado -mediante una exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA)-, los otros usuarios -que sufrirán un alza del 2% en sus liquidaciones- y las empresas, que deberán aportar el 10% de su renta.