Kyoto en Europa

En 1997, 38 países establecieron el Protocolo de Kyoto para tratar de paliar las consecuencias del cambio climático. El acuerdo fija una reducción global del 5% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2008-2012 tomando como base 1990. Las dudas sobre su ratificación derivadas del rechazo al mismo de EE UU (su principal emisor) y el compromiso de las autoridades europeas en la lucha contra el cambio climático han hecho de la UE el principal valedor del acuerdo. De hecho, sus autoridades han introducido un periodo transitorio previo (2005-2007) en el que ya se fijarán limitaciones a las emisiones. Los Planes Nacionales de Asignación de Derechos de Emisión (PNAs) son la pieza central de esa estrategia.

Aunque Europa no está muy alejada del cumplimiento de Kyoto, se observan notables diferencias entre países

El Protocolo tendrá repercusiones que es previsible que excedan a los sectores directamente afectados por la norma. Inicialmente, el coste de contaminar en exceso será soportado por las empresas que sobrepasen sus cuotas asignadas. Sin embargo, los PNAs europeos se definen sobre una serie de industrias que sólo cubren el 40% de las emisiones. El resto proceden de sectores, como el transporte, en los que la medición y aplicación de medidas es muy compleja. Poco se ha concretado acerca de cómo abordar la reducción de emisiones en ellos, aunque sea clave para alcanzar el objetivo de Kyoto. El impacto del Protocolo iría aún más allá si el coste de reducción de emisiones en el sector eléctrico se trasladara al precio de la electricidad.

En 2002, las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE se situaron un 3% por debajo del nivel de 1990 frente al objetivo de reducción de Kyoto del 8%. Sin embargo, el diferente punto de partida y el distinto grado de desarrollo de los países han propiciado que los objetivos y las evoluciones de las emisiones hayan sido dispares. Los estados miembros con mayores exigencias han sido los que, hasta hoy, han mostrado reducciones más acusadas. En Alemania, principal emisor europeo, las emisiones se han reducido un 19%, lo que pone al alcance de la mano su objetivo de reducir un 21%. Por contra, España y Portugal, que han aumentado sus emisiones en torno al 40%, tienen que acometer un serio esfuerzo para alcanzar las metas fijadas (+15% y +27% respectivamente). Esa necesidad es más acuciante si se tiene en cuenta que en el seno de la UE se están planteando ya objetivos de reducciones adicionales para 2050.

Carmen Hernansanz es Economista-Jefe de Análisis Sectorial del Servicio de Estudios de BBVA.