Empresarios y sindicatos advierten del riesgo de nuevos ataques a empresas chinas en Elche

Los cierres de empresas y la competencia asiática han estallado en Elche (Alicante). Políticos, empresarios y sindicalistas condenaron ayer la actuación el jueves de grupos de desempleados que, al grito de "chinos fuera", saquearon un camión e incendiaron dos naves industriales de empresarios de origen asiático, con un saldo de diez detenidos. Mientras la embajada china pedía protección para los intereses de sus ciudadanos, sindicalistas y empresarios advirtieron de que, si no se extrema el control para que todas las empresas cumplan las mismas reglas, se repetirán los incidentes.

Todo era consternación ayer ante el paisaje de después de la batalla. Había que buscar explicaciones a los visibles destrozos causados en el Polígono del Carrús el jueves por la tarde por asistentes a una manifestación convocada a través de unos folletos anónimos contra "la competencia desleal" de los almacenes y fábricas de calzados regentados por chinos.

Muchos de los participantes en la protesta, desarrollada bajo los resplandores del fuego y los gritos contra las firmas chinas, eran desempleados que han perdido su trabajo debido a la profunda crisis que afecta al sector del calzado, según sindicatos y empresarios de la localidad.

La policía tardó en intervenir "para evitar daños mayores", dijo el alcalde de Elche, el socialista Diego Macià. Los problemas surgieron al ver que uno de estos almacenes asiáticos estaba abierto y su propietario se disponía a descargar un camión repleto de zapatos. Un grupo de manifestantes quemó unos contenedores de basura y los empujó hacia dos naves industriales por donde se propagaron las llamas. El camión fue saqueado.

Ayer, Macià convocó una reunión con empresarios del sector y representantes sindicales para expresar su "condena" y declarar que los autores "son un grupo minoritario, no representativo de la ciudad y con comportamientos de intolerancia y xenofobia". El alcalde evitó caer en la dinámica de "acción-reacción" y no quiso ahondar en el origen del problema: la constante pérdida de puestos de trabajo en el calzado.

Protección de los ciudadanos

El cónsul de la Embajada de China en España, Lin Yi, exigió a las fuerzas seguridad que protejan los intereses comerciales de su país después de visitar el lugar de los incidentes. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Etelvina Andreu, le aseguró que "velarán por la protección de los ciudadanos" de ese país.

La Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps, del PP, por su parte, condenó el uso de la violencia. El portavoz, Esteban González Pons, indicó que "estamos ante un asunto de seguridad pública", minimizó la crisis del sector y reiteró las medidas de apoyo a la industria previstas en un plan de competitividad.

Antonio Galiana, presidente de la Asociación de Industriales de Elche, condenó los incidentes, pero exigió a la Administración un mayor control sobre los almacenes de propiedad asiática. "Se deben poner al día y jugar con la misma baraja". Juan Carlos Soler, director de la Asociación Española de Componentes para el Calzado, incidió en que al fabricante español se le exige el cumplimiento de normas laborales, fiscales, sociales y ambientales "que no se reclaman" a los productos chinos con lo que la competencia resulta "imposible".

Los empresarios y sindicatos llevan meses reclamando una mesa del sector que controle los productos que llegan al mercado. El socialista Macià, cuyo partido ha criticado duramente la incapacidad del Gobierno autónomo del PP para hacer frente a la crisis, anunció que este mes mantendrá contactos con los ministerios de Industria y Trabajo para afrontar "un problema complejo".

Los sindicatos fueron muy críticos. Pascual Pascual, de CC OO, dijo: "Con competencia desleal estamos perdidos". Empresarios y trabajadores exigen que "se cumplan las reglas del juego, que todos paguen impuestos de lo que producen, den de alta en la Seguridad Social a sus empleados y tengan las mismas inspecciones". Pascual recordó que empresas ilicitanas han trasladado sus fábricas a países asiáticos con costes más bajos.

Juan Antonio Macià, de UGT, reconoció que los incidentes son "consecuencia de una situación de desesperación", ya que muchos han perdido su empleo. Para el sindicalista, el problema es que "se está inundando el mercado con un tipo de producto que entra sin control". La Asociación de Industriales del Calzado de Elche reconoció "la angustia y preocupación de muchos trabajadores y empresarios". Rafael Calvo, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español, pidió al Gobierno que haga inspecciones o se repetirán los incidentes.