El PP exige un pacto previo con el PSOE para respaldar las reformas de estatutos

"La unidad de España y su indivisibilidad, de acuerdo con lo establecido en el espíritu y la letra de la Constitución de 1978", por la que clamó ayer el PP, no supone un rechazo rotundo a que se reformen los estatutos de autonomía. Eso sí, el PP solicitó ayer al Gobierno que esas reformas incluyan "un pacto previo entre los dos grandes partidos nacionales". Lo hizo en una cumbre de presidentes autonómicos del PP en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

"Nunca pueden aceptarse reformas de los estatutos orientadas a satisfacer los intereses exclusivos de cada comunidad autónoma". Ése es el límite filosófico que marcó ayer el PP. Su traducción política es que esa reforma debe contar "con el máximo consenso en la comunidad autónoma", y también "con el acuerdo del Gobierno y el primer partido de la oposición, que representan a la mayoría del pueblo español". Así, su aprobación en el Congreso de los Diputados tendría garantizada asimismo un "amplio consenso".

Mariano Rajoy, líder del PP, explicó esta reclamación -que él denomina "doble consenso"- con el argumento de que "deben evitarse reformas estatutarias de un partido contra otro" en una comunidad autónoma, y también cambios que sólo tengan en cuenta los intereses de una autonomía "y no el interés general", que representan en España los dos grandes partidos nacionales al aglutinar el 85% de los votos.

Rajoy replicaba implícitamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando avanzó que él respaldaría las reformas que aprobasen las comunidades autónomas.

En realidad, la reclamación del PP supera con creces los requisitos legales para aprobar una reforma estatutaria. Cada autonomía tiene fijado en su estatuto la mayoría cualificada necesaria para reformarlo. La más ajustada es la del País Vasco, que sólo requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. En Cataluña, esa mayoría debe ser de dos tercios. Y en las demás autonomías es también o de dos tercios o de tres quintos. Esto significa que ni en Cataluña ni en el País Vasco es necesario el apoyo del PP para aprobar una de esas reformas. Luego, éstas se remiten al Parlamento, donde requieren la mayoría absoluta de los votos (176 de 350). Por tanto, con el actual reparto de fuerzas tampoco sería necesario el concurso de los populares.

Rajoy admitió que esto es así, pero subrayó que el PP quería ayer "definir su posición política en un debate crucial que el Gobierno ha dejado abierto indefinidamente de forma absolutamente irresponsable". Y argumentó que todas las reformas territoriales que se han aprobado desde 1978 han contado con el respaldo de los dos grandes partidos.

Con esa crítica de fondo, Rajoy convocó ayer en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla a los presidentes de las autonomías en las que gobierna el PP y a los presidentes de ese partido allí donde están en la oposición. Aprobaron su declaración de principios para las reformas de Estatutos, del Senado y del modelo de financiación territorial. Como novedad, el PP asumió que Ceuta y Melilla (ambas gobernadas por ese partido) puedan convertirse en comunidades autónomas. No lo apoyó en sus ocho años de Gobierno para "no abrir el melón" de las reformas territoriales.

Junto a las reformas estatutarias, el PP teme que un cambio en el modelo de financiación autonómica conlleve una mejora de unas comunidades (en concreto, de Cataluña) frente a otras. Por ello, Rajoy reclamó que cualquier modificación garantice los principios de "autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad". Y, para que se pacte entre todos y sea "transparente", el PP pide que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un sistema de negociación "multilateral".

Estas dos cuestiones, así como el contenido, alcance y calendario para la reforma del Senado, deberían, a juicio de Rajoy, ser "explicadas públicamente por el presidente del Gobierno". Él pide un debate en el Congreso. Zapatero inició la legislatura con un debate territorial en el Senado pero, según el PP y Rajoy, sólo enunció el temario de reformas y no "fijó ningún criterio".